La incorporación de nuevos actores económicos como las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y las cooperativas no agropecuarias (CNA) forman parte de esa estrategia, explicó la vicetitular del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Johana Odriozola.
Con las mipymes y las CNA se pretende la inserción en el mercado internacional, satisfacer las necesidades de la población mediante el incremento de bienes y servicios y la creación de otros que, además, puedan aportar a la transformación productiva y al nacimiento de nuevas industrias, amplió.
Junto a la flexibilización de los actores económicos también están concebidas y legisladas transformaciones en la empresa estatal socialista, algunas de ellas relacionadas con la redistribución de las utilidades dirigidas a mejorar los ingresos de la población.
Recientemente el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) autorizó a aumentar –desde un 30 hasta el 50 por ciento– los pagos por utilidades correspondientes al segundo trimestre del año, a aquellas empresas que participan en la creación de riquezas como resultado de la producción de bienes y servicios.
Anteriormente, ese organismo aprobó otras modificaciones al sistema de relaciones financieras, que les permite a las entidades mayor libertad para crear fondos destinados a asuntos tan diversos como la construcción de viviendas, y la redistribución de las ganancias en investigación y desarrollo.
En los casos de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial fueron autorizadas a utilizar el fondo de compensación para financiar inversiones y aporte de capital social para crear empresas, con criterio de devolución o no.
Se trata de unidades empresariales de base que elaborarán sus estados financieros, pagarán impuestos sobre utilidades y las distribuirán sin que requieran personalidad jurídica, según la norma actualizada.
Además, se eliminó la obligatoriedad de crear la provisión para cuentas incobrables, lo que favorece el resultado de la empresa y mejor gestión de las cuentas por cobrar, según explicó en su momento el MFP.
La entidad financiera también dejó sin efecto los precios máximos de los productos agropecuarios con destino al consumo social, dietas médicas y sistema de atención a la familia, a fin de estimular el incremento de la producción agropecuaria.
Esa medida permitió crear mejores condiciones para la concertación de precios y contratación a los productores, además de reconocer los actuales costos productivos, impactados por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, los efectos de la Covid-19 y la crisis económica mundial, observaron analistas.
También se adoptaron exenciones arancelarias como las dispensas de pago para la importación por personas naturales –sin carácter comercial– de equipos y piezas que aprovechan las fuentes renovables de energía, con el objetivo de diversificar el desarrollo de las fuentes limpias y elevar su participación en la matriz de generación eléctrica.
Otras exenciones de impuestos están relacionadas con la importación de medicamentos e insumos médicos, ya sea para uso humano o veterinario, así como de alimentos y productos de higiene.
Al decir del vice primer ministro y titular de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, pese a estas transformaciones legislativas y el proceso gradual de recuperación económica que se aprecia en el país, no pueden crearse falsas expectativas.
En el 2020 la nación antillana tuvo una contracción del producto interno bruto (PIB) en torno al 10,9 por ciento y superar esas afectaciones demanda tiempo, sobre todo porque las circunstancias del bloqueo económico de Estados Unidos y de la pandemia de Covid-19 mantienen su afectación.
En todo caso las transformaciones concebidas para dinamizar la economía de Cuba solo tendrán efectividad si son aprovechadas al máximo por todos los actores económicos, un desafío que afrontan de conjunto los sectores privado y estatal.
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