El diario denunció que las autoridades de Tel Aviv consideran que esas personas viven en Cisjordania o en el extranjero.
La deportación ayer del abogado franco-palestino Salah Al Hamouri, oriundo de la ciudad, fue un mensaje a los habitantes árabes de Jerusalén: o se someten y obedecen o serán privados de su residencia de forma permanente, alertó el rotativo.
Israel se siente seguro políticamente por la actual coyuntura internacional, afirmó Haaretz.
Denunció que muchos jerosolimitanos podrían ser deportados a Cisjordania o la franja de Gaza, “utilizada como una colonia penal desde la segunda Intifada”, indicó la publicación en alusión al levantamiento palestino de principios de este siglo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados palestino condenó la deportación forzosa de Al Hamouri, un activista que trabaja para la ONG defensora de los derechos humanos Addameer.
En un comunicado, la cancillería consideró esa medida un crimen de guerra y una violación de las normas del derecho internacional y humanitario, por lo cual llamó a sentar a ese país en el banquillo de los acusados.
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