En un comunicado, el líder de la bancada de esa fuerza de derecha, Esteban Torres, señaló que una de las vías irregulares es la compra de votos con cargos públicos y partidas presupuestarias dirigidas a terceros con dinero del Estado.
Otra alternativa sería, según Torres, extorsionar asambleístas quitándoles la seguridad que los protege de amenazas criminales.
La denuncia enfatiza que “el presidente de la República lo sabe todo” y advierte que de avanzar esos hechos se encargarán “de desenmascarar a quien mueve los hilos y a los emisarios”.
El que presume de político pulcro y serio quedará como lo que es: un ambicioso comprador y extorsionador de asambleístas, sentencia la nota divulgada por Torres.
Por su parte, la bancada de Unión por la Esperanza (Unes), que agrupa miembros del movimiento Revolución Ciudadana (RC), asegura que están “más firmes y unidos que nunca”.
Advertimos a los emisarios del Gobierno que confunden el proceso de fiscalización con una negociación que no pierdan su tiempo porque “en la RC no hay vendepatrias”.
Este lunes la Comisión de Fiscalización de la Asamblea inició los trámites del procedimiento que pudiera anticipar el fin del mandato de Lasso, luego de que la Corte Constitucional diera luz verde a la solicitud.
Esa mesa legislativa tiene 10 días para notificar al mandatario sobre el proceso y también para recibir las pruebas y las solicitudes de comparecencias necesarias para su defensa.
Luego, según el cronograma, los legisladores tendrán un plazo de 10 días para evaluar esos argumentos y posteriormente otros 10 días para elaborar un informe que recomiende o no el juicio político, o sea, aproximadamente un mes en total.
Independientemente de la decisión de la Comisión, para censurar al jefe de Estado se necesitan 92 votos, equivalentes a dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.
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