El juez Agustín Delmás dispuso que la agente judicial, quien fue suspendida de sus funciones sin derecho a sueldo, permanezca como medida de seguridad 15 días en la Comisaría de Mujeres, desde donde pasará luego a una penitenciaría nacional.
Girala es procesada junto a otros colegas suyos como la asistente Christi Ortega, la secretaria fiscal Griselda Acha Alcaraz y el abogado Marcos Velazco por la supuesta comisión de cohecho pasivo y soborno agravados y asociación criminal.
La Justicia también abrió una imputación contra las funcionarias del Ministerio Público Liz Martínez Robles, Nélida Alcaraz Bogarín y Griselda Acha Alcaraz por tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado.
El juicio tuvo origen en la denuncia formulada por un hombre a quien Girala y sus cómplices solicitaron una suma de dinero a cambio de una salida procesal para su hijo, juzgado por una tentativa de homicidio doloso, asociación criminal y perturbación de la paz pública.
Miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvieron en abril despojar de sus fueros a esa agente fiscal de la Unidad Penal Número 1 en la nororiental ciudad de San Lorenzo, a fin de que enfrentara el proceso penal que se extendió hasta ahora.
La fiscal interina Alma Zayas solicitó la prisión de Girala, bajo la alegación de peligro de fuga y de obstrucción a la investigación, presupuestos tenidos en cuenta por el juez Delmás.
Funcionarios judiciales resolvieron el 12 de abril enjuiciar a la fiscal Girala por delitos como cohecho, tras decidir antes el Senado procesar a la exlíder del Ministerio Público Sandra Quiñonez por delitos afines.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados aprobó un desafuero o suspensión de privilegios de la funcionaria para investigarla, mientras la Asesoría Jurídica de la Cámara Alta reveló la denuncia para el juicio contra la exfiscal general, según el diario ABC Color.
Girala fue imputada por cohecho pasivo y otros hechos punibles, en tanto Quiñónez fue objeto de pesquisas del Legislativo por acusaciones de archivar causas graves y otros delitos como lavado de dinero que datan de varios años atrás.
Paraguay atraviesa por una escalada de hechos de corrupción que involucran a altos funcionarios y exfuncionarios como la propia exlíder del Ministerio Pública, acusada de ocultar expedientes de allegados suyos como el expresidente Horacio Cartes, quien decidió su nombramiento en el cargo durante su gobierno.
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