Por Waldo Mendiluza (*)
Corresponsal jefe de Prensa Latina
El mandatario nunca ocultó su intención de impulsar ese proyecto, al punto de que en suelo galo lo consideran su iniciativa estrella, pero tampoco sindicatos, fuerzas políticas de diversas posturas y ciudadanos en general han tenido reservas a la hora de criticarlo.
La pandemia de la Covid-19 y las protestas y huelgas impidieron a Macron materializar la reforma en su primer quinquenio de gestión (2017-2022), por lo que su cruzada avanza en el segundo mandato y tan desafiante como el primero.
El panorama no puede ser más tenso, con el llamamiento a un paro total a partir del 7 de marzo, convocatoria emitida por los ocho principales gremios, reunidos en una Intersindical inédita, al acoger en su seno a los dos principales: la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), que no suelen coincidir en sus posturas.
En el centro de la polémica está la intención del Gobierno de extender la edad legal de retiro de 62 a 64 años, aunque también causan malestar el aumento del período de cotización a 43 años y la eliminación de algunos regímenes especiales de pensiones.
LOS ARGUMENTOS
Según voceros del Ejecutivo, el proyecto que transita por la Asamblea Nacional desde el 6 de febrero resulta indispensable para devolver el equilibrio financiero al sistema de retiro en Francia ante un notorio envejecimiento de la población.
Los detractores responden que no existe tal urgencia, y con calificativos de injusta, brutal e ineficaz, acusan al Gobierno de pretender ahorrar dinero a expensas de que las personas trabajen más tiempo.
Las críticas llegan desde sectores tan opuestos como el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, y la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, quienes terminaron tercero y segunda, respectivamente, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de mayo pasado.
Para Mélenchon, la lógica de la reforma y su objetivo de trabajar más va contra la inclinación histórica de crear condiciones para sufrir menos, lo que ilustró con la creación de máquinas.
Asimismo, estimó que la propuesta que debería defenderse es la de repartir mejor las riquezas y la de trabajar menos, en aras de disfrutarla una vez que se cumplió con la sociedad.
En ese sentido, reiteró su propuesta de una edad de jubilación a 60 años y de un período de cotizaciones anuales de 40.
Por su parte, Le Pen insistió en que el proyecto debatido en la Asamblea Nacional resulta tan injusto y cínico como ineficaz.
En diálogo con Prensa Latina, el secretario nacional del Partido Comunista, Fabien Roussel, consideró la derrota de la reforma una prioridad máxima de la organización.
Los franceses no quieren trabajar más tiempo y terminar más pobres, de ahí la importancia de esta batalla frente a un texto que el Presidente de la República pretende imponernos, subrayó.
Del lado del Ejecutivo, el ministro de Cuentas Públicas, Gabriel Attal, aseveró que el actual sistema de retiro resulta estructuralmente deficitario y apunta a una deuda de 500 mil millones de euros.
Urge una reforma, es evidente, manifestó entrevistado por la cadena CNews, en la que reconoció la importancia de convencer a la ciudadanía, aunque las sistemáticas encuestas de Elabe y el Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP) muestren el rechazo de siete de cada 10 entrevistados.
También el ministro del Trabajo, Olivier Dussopt, esgrimió el déficit como argumento, lo cual explica la meta de ahorrar unos 18 mil millones de euro de cara al 2030, de adoptarse la reforma.
PULSO SOCIAL Y POLÍTICO
La sexta reforma de la jubilación en tres décadas en Francia encuentra una férrea oposición de los sindicatos, que ya protagonizaron multitudinarias marchas el 19 y el 31 de enero y el 7 y el 11 de febrero.
El proyecto gubernamental ha conducido a un escenario inusual, la concordancia de criterios y de acción de los dos principales gremios, la CFDT y la CGT, el primero de ellos con posturas tradicionalmente más cercanas al oficialismo.
“Es No”, sentenció el secretario general de la CFDT, Laurent Berger, en alusión al aumento a 64 años la edad de retiro.
Por su parte, el líder de la CGT, Philippe Martinez, abogó por mantener la presión ante un Gobierno que no parece prestar atención a lo que ocurre en las calles, con frecuentes movilizaciones de más de dos millones de personas, las mayores de los últimos años en Francia.
Berger y Martinez llamaron a paralizar el país el 7 de marzo, si para entonces el proyecto sigue en pie.
La Intersindical maneja la opción de la huelga general, con reuniones diarias para definir si la mantiene o no en la siguiente jornada.
También en la Asamblea Nacional se vive un tenso pulso, con una reforma cuya discusión avanza muy poco, por las miles de enmiendas introducidas en el Hemiciclo, la mayoría por La Francia Insumisa.
El oficialismo acusa a los insumisos de pretender bloquear los debates, que incluyen confrontaciones verbales.
De igual manera, corteja a los conservadores, el partido Los Republicanos, con la expectativa de sumarlos al voto indispensable para la adopción de la reforma en la Asamblea Nacional, donde perdió la mayoría absoluta en las elecciones de junio pasado.
No hay razón para que los diputados de Los Republicanos dejen de respaldar el proyecto, si son coherentes con lo que han defendido durante décadas, consideró el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire.
Si todas las fuerzas opositoras se uniesen contra el texto, algo bastante improbable, el Gobierno no tendría –en principio- otra opción que acudir al polémico artículo 49.3 de la Constitución, el cual permite adoptar una iniciativa sin el voto parlamentario.
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