De acuerdo con la institución, en 2019 la Contraloría General del Estado determinó presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción de la vía Manta–Colisa, de 22 kilómetros, por más de 68 millones dólares, recursos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad.
La Fiscalía aseguró que reunió los elementos de convicción suficientes para fundamentar la formulación de cargos contra Glas y dos exfuncionarios más, procedimiento que llevará a cabo el próximo miércoles.
El órgano judicial también formulará cargos contra Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa pública Ecuador Estratégico.
Según la teoría del caso, la vía Manta–Colisa no fue afectada por el terremoto de 2016, por lo que la decisión de financiarla con el dinero de la Ley de Solidaridad habría sido arbitraria.
El pasado 11 de agosto, el juez brasileño Antonio Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal (STF), anuló las supuestas pruebas que involucraron al exvicepresidente en el llamado caso Odebrecht.
El magistrado también ordenó al Ministerio de Justicia de Brasil que remita la decisión al gobierno de Ecuador, a través del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Internacional.
Sin embargo, la Fiscalía ecuatoriana refutó que la condena contra Glas fue lograda en derecho y con base en abundante prueba, como lo ratificaron los jueces que conocieron la causa en sus respectivas etapas.
La institución aseguró en el documento que durante el juicio se presentaron decenas de pruebas periciales, como audios, transcripciones de conversaciones y testimonios de los sentenciados.
Glas es considerado el símbolo del “lawfare” en Ecuador, donde la persecución desatada por el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) contra seguidores del exmandatario Rafael Correa (2007-2017) obligó a muchos de ellos a exiliarse.
El antiguo vicegobernante recibió el beneficio de la prelibertad el pasado 28 de noviembre, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, respectivamente.
Juristas y activistas por los derechos humanos coinciden en que no existen pruebas para demostrar ninguno de los delitos por los cuales Glas es acusado.
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