La crisis energética que provocó este día que unos 80 mil abonados de la AEE, de poco más de un millón 400 mil, estuvieran sin electricidad, ha aumentado la angustia de los puertorriqueños, sobre todo de quienes tienen familiares conectados a respiradores mecánicos.
Torres, del Partido Popular Democrático (PPD), aseguró que ha confirmado, tal como se planteó, que LUMA Energy no estaba preparada para tomar el control de la transmisión y distribución de energía el pasado 1 de junio.
El legislador lamentó que, junto a funcionarios de su administración, el gobernador Pedro R. Pierluisi, y el presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, expresaran lo contrario, pese a no disponer del personal necesario para operar el sistema.
Las quejas llueven debido a que los electrodomésticos se han dañado, en particular las neveras, lo cual además conlleva a la pérdida de alimentos.
La fluctuación en el voltaje provocó la semana pasada que dos residencias se incendiaran, por lo que los ciudadanos exigen al gobernador Pierluisi, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), acción inmediata para superar la crisis.
El contrato con el consorcio canadiense-estadounidense, que se prolongará al menos por 15 años a un costo de mil 500 millones, fue negociado en secreto por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas para la transmisión y generación de energía eléctrica en Puerto Rico.
El diputado Torres manifestó que durante una audiencia pública el pasado 21 de marzo, Stensby reconoció que la privatizadora necesitaba tres mil 800 empleados para operar la transmisión y distribución de energía, el Centro del Servicio al Cliente y la facturación, pero hace siete días reconoció que solo tienen mil 600 trabajadores de campo.
Los poco más de cuatro mil 500 empleados de la AEE afiliados a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) se negaron a pasar al consorcio extranjero, ya que esto implicaba la pérdida de sus derechos acumulados, en la mayoría de los casos por más de 15 años.
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