A pocas horas de la segunda vuelta de elecciones del 30 de octubre, Zambelli, partidaria del derrotado mandatario Jair Bolsonaro, sacó un arma y persiguió a un individuo en calles paulistas.
En un video publicado en una red social, la congresista afirmó en la ocasión que resultó hostilizada por seguidores del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, en los audiovisuales que circularon solo se percibió una discusión entre ella y un hombre negro en Alameda Lorena.
En medio del altercado, Zambelli se desequilibra y cae. Ella se levanta y corre detrás del sujeto, junto con algunos de sus simpatizantes. Cuando se acercan, la diputada ordena: «Túmbate en el suelo».
Ante los hechos, la decisión, adoptada por el magistrado del STF Gilmar Mendes, resumió que, al reaccionar de esa forma frente a un aparente agravio, la legisladora «fue mucho más allá de los límites de la legítima defensa».
Mendes también determinó que Zambelli entregue la pistola a las autoridades en las próximas 48 horas y en caso de incumplimiento, ordenó su decomiso.
La parlamentaria enfrenta además otras investigaciones en otros procesos en el Supremo por su respaldo a grupos radicales que desconocen la victoria electiva de Lula y demandan un golpe militar.
En Brasil, la facilidad para el acceso a las armas disparó la búsqueda por el registro, al acercarse el final del gobierno de Bolsonaro, quien debe entregar la banda presidencial a Lula el 1 de enero, de acuerdo con fuentes oficiales.
De septiembre a noviembre, más de dos mil armas fueron registradas diariamente, en promedio, para cazadores, tiradores y coleccionistas (CAC).
Un índice que se duplicó con respecto a enero a agosto, fase en la que la media era inferior a 870 notificaciones diarias.
Entre estos CAC aparecen empresarios financiadores de actos golpistas.
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