La organización convocó para este miércoles a un plantón en las afueras del organismo judicial contra la minería y en defensa de la vida, el agua y los territorios.
El 1 de agosto pasado, la Corte suspendió temporalmente el Decreto 754, el cual regula las consultas ambientales de proyectos mineros y productivos en las comunidades.
La institución convocó para el 18 de septiembre a una audiencia pública para analizar el tema con la participación de colectivos ambientalistas e indígenas.
Activistas apuntan que la medida, firmada por el presidente Guillermo Lasso el pasado 31 de mayo, viola los derechos de las comunidades afectadas por la actividad minera y confunde la consulta ambiental con la consulta libre, previa e informada establecida en la Constitución.
Con el Decreto 754 el Ejecutivo reformó el Código Orgánico del Ambiente, y permitió al Ministerio de Ambiente llevar a cabo procesos de consulta ambiental a través de la militarización de territorios.
El Comité Empresarial Ecuatoriano, por su parte, solicitó a la Corte reconsiderar la suspensión de la medida porque un total de 176 procesos están paralizados, lo cual tendrá a corto plazo un impacto económico negativo de dos mil millones de dólares.
En algunas localidades, como Las Naves y Sigchos, en las provincias de Bolívar y Cotopaxi, respectivamente, los habitantes protestaron contra las consultas ambientales amparadas en ese decreto y eso generó enfrentamientos de indígenas y campesinos contra policías y militares.
A raíz de los sucesos, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, repudió los choques violentos en dichas localidades y los catalogó como un retroceso preocupante en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, que deben ser escuchados y no reprimidos.
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