La propuesta legal, denominada Ley sobre Minería de Criptomonedas y otros activos virtuales, prevé penas de prisión de uno a cinco años para quienes posean computadoras, comunicaciones e infraestructuras destinadas a ese proceso digital.
Este es un fenómeno al cual ha prestado especial atención en los últimos meses el Servicio de Investigación Criminal (SIC) angoleño, gracias a lo cual logró desmantelar varias redes clandestinas dedicadas a la búsqueda y validación de este tipo de activos.
El instrumento legal sobre el cual se pronunciará el Parlamento dará mayor claridad y legitimidad a las acciones contra esas actividades, que el país considera ponen en riesgo la seguridad nacional por la sobrecarga en el sistema de distribución eléctrica.
Al respecto, el informe que brinda elementos sobre la necesidad de esta ley explica que las infraestructuras de minería de criptomonedas pueden tener un consumo promedio de electricidad en torno a los 9,6 MegaWatt por día, lo que representa el gasto de aproximadamente tres mil hogares angoleños.
Ello puede provocar problemas de carácter técnico, productivo y económico-social, apunta el reporte y añade que puede conducir a un potencial colapso del sistema.
La normativa a debatir prohíbe las actividades de minería de criptomonedas y otros activos virtuales en Angola, de forma general, y establece precisiones en cuanto al uso de licencias de instalación eléctrica con estos fines, así como de la conexión al sistema eléctrico nacional.
En ese sentido prevé que quien utilice cualquier licencia de instalación eléctrica con el fin de minar criptomonedas y otros activos virtuales será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años.
El secretario de Estado de Hacienda y Tesoro, Ottoniel dos Santos, al hablar sobre el asunto ha destacado que otros países del mundo también se protegen de este fenómeno, experiencias que fueron estudiadas para la propuesta nacional de ordenamiento.
Otro aspecto que también impulsa la iniciativa legislativa es que en muchas ocasiones la minería de criptomonedas se asocia a delitos como el lavado de dinero, el tráfico de armas y el financiamiento del terrorismo.
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