Organizaciones de la sociedad civil de El Salvador caminaron desde el céntrico Parque Cuscatlán hasta la Plaza Cívica capitán general Gerardo Barrios para reiterar la vigencia de la memoria histórica que incluye el pacto suscrito en Cuidad México el 16 de enero de 1992 y que puso fin a la guerra en el país.
Bajo el lema “El pueblo ganó la paz, defendamos nuestra historia”, al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP), y al Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), se sumaron otras organizaciones civiles como Resistencia Feminista, militantes del Frente Farabundo Martí, Lisiados y Veteranos de guerra , entre otros.
La historia se construye, no se borra con decretos, indicaba un cartel que sostenía una madre salvadoreña que juntos a varios centenares de compatriotas y otras agrupaciones se concentraron frente a la catedral Metropolitana para recordar el pacto que hace 32 años apagó el fragor de las armas.
Los Acuerdos pusieron fin al conflicto bélico interno en El Salvador, el cual dejó unas 75 mil personas fallecidas, unos ocho mil desaparecidos y cientos de masacres, y que fue usado por Estados Unidos para probar armamentos contra movimientos populares.
La conmemoración de la firma de la paz se da en momentos en que el país centroamericano se encuentra bajo un polémico régimen de excepción para combatir a las pandillas y en medio de un ambiente político y electoral de cara a los comicios presidenciales del 4 de febrero, en los que Bukele buscará la reelección a pesar que la Constitución lo prohíbe.
Entre la multitud, además de carteles y pancartas, tambien aparecieron varias banderas de Palestina como muestra del rechazo de la población a la masacre de ese pueblo árabe por parte del invasor israelí.
Los llamados “Acuerdos de Chapultepec”, como también son reconocidos, son la semilla de lo que existe ahora en El Salvador y según expresaron manifestantes no se puede negar la historia.
La conmemoración de hoy se dio pese a que la Asamblea Legislativa, donde el partido de Bukele tiene mayoría, aprobó en 2022 un decreto para eliminarla porque los acuerdos “lejos de representar un beneficio para la población salvadoreña, se constituyeron como el inicio de una era de corrupción”, algo que no aceptan muchos pobladores.
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