Perteneciente a la entidad pública Ancap, lo acordó en asamblea con 500 trabajadores y reafirmó que ‘ante cualquier cierre de una unidad productiva o privatización se procederá a la medida de ocupación’.
En un comunicado de prensa, la entidad informó de la decisión de ‘potenciar nuestro esfuerzo con relación a la recolección de firmas contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) a fin de asegurar la convocatoria a un referendo revocatorio de los aspectos más retrógrados’.
La gremial tomó estas medidas mientras la cúpula del Ministerio de Industria, Energía y Minería prepara un proyecto de ley que elimina la mezcla de biodiesel en el gasoil para reducir los costos de producción no solo de este combustible sino de gran parte de la cadena productiva nacional.
Denunció que ‘es parte de una decisión política que tiene el objetivo de producir un creciente y brutal ajuste contra el pueblo y aumentar el beneficio a los grupos económicos monopólicos concentrados que se apropian de una mayor plusvalía’.
En ese sentido, mencionó ‘el cierre de unidades productivas como ALUR Capurro, la privatización de la industria cementera de Paysandú en beneficio de capitales privados; la reprivatización de las empresas de distribución de gas natural MontevideoGas y Conecta’, entre otros puntos.
El dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas, Alejandro Acosta, informó que el 17 de marzo los trabajadores llevarán a cabo una movilización pública en el pueblo de Bella Unión, Artigas, donde funciona una de las plantas de Alcoholes del Uruguay (ALUR), propiedad de Ancap.
Adelantó la realización el 24 de marzo de un ‘un paro activo conjunto de 24 horas en rechazo a las políticas de desmantelamiento de la empresa estatal’.
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