Sénatus quien presidió la Comisión de Justicia y Seguridad del Senado aseguró que el código empaña los valores morales y de la dignidad humana, razón por la cual no debe implementarse.
El miércoles el Gobierno de Haití acordó una prórroga de dos años para aplicar la ley y durante ese periodo una comisión deberá analizar el documento y ofrecer conclusiones.
El código fue aprobado por decreto presidencial en 2020 por el entonces mandatario Jovenel Moïse, sin contar con la Asamblea Nacional que se encontraba disfuncional desde enero de ese año al perder a todos sus diputados y a dos tercios de la Cámara alta.
La ley generó polémica desde su aprobación y masivas protestas especialmente del sector religioso que estuvo en desacuerdo con la despenalización del aborto y el castigo a quienes discriminaran por orientación sexual.
De acuerdo con este gremio, la ordenanza es una afrenta a los valores nacionales e incluso sugirieron que obligarían a los pastores a unir en matrimonio a personas del mismo sexo, aunque esto no está contemplado en la normativa.
En lo político, opositores al asesinado jefe de Estado aseguraron que permitiría la amnistía a acusados de corrupción, delitos políticos y financieros, mientras otras voces sostuvieron que no se cumplen las condiciones para su aplicación.
El código penal vigente en Haití data de 1835, aunque se le realizaron varias enmiendas en sus casi dos siglos de existencia.
rgh/ane
