Tras 34 días de paros en la compañía estatal de ferrocarriles (SNFC) y en la del transporte urbano de París (RATP) y tres jornadas de huelga general, la frontal oposición de las organizaciones sindicales a la contrarreforma de la jubilación ha forzado al gobierno a tratar de sortear el bloqueo mediante exenciones a diversos sectores profesionales.
Controladores aéreos, asistentes de vuelo, bailarines de la Ópera, camioneros, policías y soldados ya lograron la promesa del ejecutivo de que mantendrán una edad de jubilación específica, e incluso para los pilotos también el mantenimiento de su fondo complementario de pensiones.
Uno de los principales argumentos de la futura ley, la anunciada universalidad del sistema, comienza a desmoronarse a pesar de que el presidente de la República, Emmanuel Macron, mostró un firme deseo de no crear ninguna excepción a su propuesta.
“Si empiezo a decir que mantenemos una régimen especial para cada uno, caerá como fichas de dominó”, fue su respuesta, eso sí antes de que comenzara el amplio movimiento de protesta, en referencia al mantenimiento una norma específica para la policía.
El nuevo secretario de Estado para las Pensiones, Laurent Pietraszewski, aseguró sin embargo que “se mantendrá la promesa de un plan universal”, considerando que las concesiones otorgadas son casos “extremadamente limitados”, si bien no quiso entrar a valorar las ventajas obtenidas por los pilotos ni la posibilidad de que otras carreras profesionales se sumen a la lista.
Estos acuerdos ponen en entredicho la ‘universalidad’ de la ley pero también el equilibrio presupuestario de la reforma, pues según valoran diversos analistas el coste de estas ‘excepciones’ podrían superar el presupuesto anual de los regímenes que el gobierno trata de derogar.
Las estimaciones del diario Le Parisien llevan la cifra hasta los 10 o 15 mil millones de euros por año, mientras que la cantidad actual es de 9 mil millones de euros, y Le Figaro habla de “decenas de miles de millones de euros”, citando a un “destacado ministro” que mostró su preocupación al ver “cómo sube el nivel y me asusta”.
También Pietraszewski, quien sucedió en el puesto a Jean-Paul Delevoye que recientemente dimitió por acusaciones de corrupción, restó importancia al aumento de la factura asegurando que “no estamos haciendo esta reforma para ahorrar dinero”, según explicó.
Hace un año, Macron anunció un total de 17 mil millones de euros en ayuda y recortes de impuestos para tratar de poner fin a la crisis de los «chalecos amarillos», suscitando las críticas de la derecha por ampliar el gasto público sin tener recursos para ello.
Hoy el jefe del grupo parlamentario Los Republicanos (LR), Christian Jacob, también demandó al gobierno la retirada urgente del proyecto sobre las pensiones, al considerar que “esta reforma ya no tiene sentido”.
Incluso el presidente de la mayor organización empresarial del país (Medef), Geoffroy Roux de Bézieux, se mostró preocupado por los costes financieros en los que podría incurrir la reforma y pidió al gobierno que pusiera “todos los gastos sobre la mesa, y en particular los que ha aceptado durante las últimas semanas”.
En su carrera contrarreloj para tratar de poner fin a las huelgas que paralizan el país desde hace más de un mes, el primer ministro Edouard Philippe parece dispuesto a transigir incluso con la edad de jubilación, 64 años, tal y como exigen el mayor sindicato del país, la reformista Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), y la Unión Nacional de Sindicatos de Autónomos (UNSA).
Mientras tanto el resto de sindicatos, que piden la retirada completa de la reforma, llamaron a endurecer las protestas a lo largo de esta semana, convocando dos jornadas de huelga general, jueves y sábado, tres días de paro en las refinerías del país, de martes a viernes, y el plante de los abogados hasta el próximo lunes.
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