Con motivo de la presentación del informe «Discriminación y orígenes: la urgente necesidad de actuar», Toubon subrayó la “dimensión sistémica” de la discriminación en Francia y “las deficiencias de las políticas públicas” sobre esta cuestión, poniendo en tela de juicio el respeto de los “derechos fundamentales” de millones de personas y la “cohesión social” en el país.
“Las personas de origen extranjero o que puedan ser consideradas de origen extranjero se encuentran en una situación de desventaja en el acceso al empleo o a la vivienda y están más expuestas al desempleo, la inseguridad, la vivienda deficiente, los controles policiales, la mala salud y las desigualdades en materia de educación”, aseguró el documento.
Una discriminación que va en aumento, pues según el informe entre 2008 y 2016 las personas que denunciaron haber sido objeto de discriminación por su origen o el color de su piel pasaron del 6 al 11 por ciento, mientras que actualmente representan un tercio de los casos remitidos al Defensor de los Derechos.
Para el responsable de la institución, “la discriminación no es el resultado de la lógica individual, de unos pocos empleadores que se niegan a contratar a negros o árabes», sino que “es todo el sistema el que está en cuestión”, dijo.
Toubon lamentó que “la lucha contra la discriminación no sea objeto de una política coordinada y específica”, y por ello exigió la creación de un “Observatorio de la discriminación” y campañas nacionales contra esta lacra, en particular en los ámbitos del empleo y la vivienda.
Al tiempo, demandó “revisar los protocolos que rigen los controles de identidad para garantizar su trazabilidad” y recomendó tipificar la discriminación y el acoso como delito, contemplando “sanciones judiciales proporcionadas y verdaderamente disuasorias contra los autores”.
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