En una declaración, la cancillería destaca que ante una pandemia que “requiere de los esfuerzos urgentes y mancomunados de cooperación y la solidaridad y, sin renunciar a la titularidad” de la Clínica del Colaborador, esa institución podrá asistir a los enfermos mientras dure la situación de crisis.
La instalación, que fuera allanada violentamente por autoridades policiales el 15 de noviembre de 2019, tras el golpe de Estado a Evo Morales, fue anunciada el pasado 21 de julio que sería habilitada para la atención a los pacientes.
“Esta decisión unilateral, que se presenta como un acto humanitario, constituye una violación de los derechos que le asisten a la República de Cuba como propietario legal del referido inmueble”, refiere la Cancillería de la nación caribeña.
No obstante, en virtud de las circunstancias, el Gobierno de la mayor de las Antillas determinó ofrecerla para el servicio al pueblo boliviano, que vive un “trágico momento”, con más de 60 mil contagiados y más de dos mil fallecidos”, y un sistema de salud que no ha podido enfrentar adecuadamente la emergencia.
El texto lamenta el contagio y la muerte de médicos y personal de la salud, entre los cuales se encuentran varios jóvenes graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, “quienes cumplieron dignamente su deber”.
Precisa que en ese contexto múltiples organizaciones y ciudadanos bolivianos se dirigieron a Cuba, pública y privadamente, para solicitar apoyo de su personal de salud y medicamentos, recordando la contribución que hubiera aportado la brigada médica de la mayor de las Antillas en ese país.
Más de 18 mil 15 profesionales de la salud caribeños ofrecieron servicios a ese pueblo sudamericano, colaboración que se detuvo por las agresiones del Gobierno de Bolivia tras el golpe de Estado a Evo Morales, en noviembre de 2019.
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