Acorde con Kaizer Kganyago, vocero de la SIU, más de 650 empresas en todo el país son investigadas por supuestos contratos fraudulentos de compra mayorista de Equipos de Protección Personal (PPE) por valor de más de 7.5 mil millones de rands (unos 440 millones de dólares).
Según la fuente, en algunos casos ya han abierto procesos penales.
Solo en la central provincia de Gauteng, agrega, investigamos a más de 160 empresas, detalla Kganyago.
En particular, agrega, la SIU ha identificado a dos funcionarios del Departamento de Salud de Gauteng que se cree que están en el centro del presunto escándalo de corrupción de los PPE.
El primer ministro de ese departamento, David Makhura, manifestó su respaldo a que los implicados en la supuesta corrupción sean enviados a la cárcel, y que se recupere el dinero robado.
Recientemente el gobierno provincial publicó una lista de las empresas que fueron contratadas para proporcionar bienes y servicios desde abril de 2020.
El pasado 31 de agosto el presidente del Congreso Nacional Africano (ANC) y del país, Cyril Ramaphosa, afirmó que la corrupción en Sudáfrica no será tolerada.
El Gobierno, aseguró, tendrá a su disposición los recursos necesarios para asegurarse que se recupere el dinero robado a través de las licitaciones para el suministro de los PPF necesarios para el combate de la pandemia.
Al ofrecer públicamente los resultados de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CNE) del ANC realizada el pasado fin de semana, Ramaphosa enfatizó que los organismos encargados de hacer cumplir la ley no deben “dejar piedra sin remover” a la hora de investigar el tema de la apropiación y desvío ilícito de recursos.
Los cuadros del ANC, principal partido de gobierno, que estén involucrados en prácticas delictivas corruptas y otras graves acciones similares, afirmó, deben acudir ante la Comisión de Integridad a ofrecer y explicaciones.
Quienes fallen en esa presentación, pueden ser suspendidos, añadió.
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