En rueda de prensa ofrecida al término de su visita oficial a esta nación sudamericana, la experta independiente de la Organización de Naciones Unidas expuso un cronológico y minucioso análisis de las acciones punitivas de Washington y sus consecuencias.
Douhan aseguró que las medidas coercitivas ilegales implementadas por la Casa Blanca frenaron el desarrollo del país debido al severo impacto ocasionado a su economía, al provocar la caída de los ingresos en divisas en un 99 por ciento durante los últimos años.
Asimismo, reconoció que la aplicación de tales acciones afectó el acceso del país a medicamentos y alimentos, lo cual generó un efecto devastador en la salud de la población venezolana, además de acentuar el escenario de crisis y las tensiones internas, con repercusiones en el flujo migratorio y la separación de las familias.
Que una funcionaria de la ONU, alejada de cualquier compromiso con el Gobierno bolivariano, exponga los efectos negativos del bloqueo económico, comercial y financiero, constituye sin dudas un importante paso en el reconocimiento internacional sobre la ilegalidad de tales medidas.
Denunciar el impacto negativo de las medidas coercitivas, recrudecidas desde 2015 cuando el entonces presidente Barack Obama declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, ha sido prioridad para las autoridades de Caracas.
La Orden Ejecutiva firmada por el mandatario estadounidense desencadenó una escalada de medidas coercitivas, que llegaron al paroxismo con la administración de Donald Trump, las cuales sumieron a esta nación en una profunda crisis.
Año tras año, en cuanto escenario resultó propicio, el Gobierno bolivariano denunció esos hechos ante el mundo, desde las propias Naciones Unidas hasta la demanda presentada el 13 de febrero de 2020 en la Corte Penal Internacional.
Ante la mirada indiferente e incluso cómplice, en algunos casos, de países y entes internacionales, el pueblo venezolano sufrió a lo largo de los últimos cinco años una aguda crisis económica y social con incidencia en todos los ámbitos de la vida nacional.
Para el canciller, Jorge Arreaza, denunciar la ilegalidad del bloqueo de Estados Unidos será siempre uno de los principales temas de la política exterior del país; ‘esas medidas coercitivas, unilaterales y arbitrarias que generan los bloqueos están al margen del derecho internacional’, afirmó.
En recientes declaraciones a Prensa Latina, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que cada día más los países toman conciencia sobre el daño que generan esas acciones punitivas, y la necesidad de enfrentarlas y denunciarlas.
Si todos los países sometidos a esa política agresiva y hostil por parte de Washington trabajan en conjunto -subrayó-, hay esperanzas que dentro de poco los organismos internacionales las condenen; ‘si vamos juntos y seguimos con firmeza vamos a lograr el objetivo’, aseveró.
A su vez, el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Ricardo Cusanno, admitió que esas medidas afectan también al sector privado nacional.
Las declaraciones del máximo representante del gremio empresarial, caracterizado por una posición histórica contraria a las políticas del Gobierno bolivariano, echan por tierra el discurso de sectores políticos de derecha promotores de las denominadas sanciones.
El reconocimiento de los grandes empresarios a las consecuencias de esas acciones punitivas aporta nuevos argumentos a una verdad imposible de ocultar, la cual por demás quedó al desnudo tras las contundentes declaraciones de la relatora especial de la ONU.
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