Lo hace en medio de una compleja situación provocada por la pandemia de la Covid-19, la crisis mundial, el recrudecimiento sin precedente del bloqueo de Estados Unidos, y una feroz campaña financiada e impulsada desde esa potencia norteña para subvertir el proceso revolucionario.
No es casual que la fecha escogida para la consulta popular sobre la nueva Carta Magna fuera el 24 de febrero de 2019, cuando se cumplieron 125 años del reinicio de las guerras por la independencia del colonialismo español.
El comienzo de la llamada Guerra Necesaria, organizada por el Héroe Nacional José Martí, representó para Cuba el camino para lograr la liberación definitiva de esa metrópoli, una lucha que debió prolongarse hasta 1959 tras la intervención estadounidense y la instauración de una república neocolonial.
La continuidad histórica del proceso revolucionario iniciado ese año se expresa hoy, entre otros aspectos, en la voluntad de cumplir el mandato popular aún en medio de los obstáculos.
En 2020, la nación caribeña aprobó seis leyes relacionadas con el ordenamiento institucional del Estado y el gobierno, y el Consejo de Estado dio luz verde a 25 decretos-ley, de los cuales 11 correspondían al calendario adoptado en diciembre de 2019.
Otras tres normas legales recibieron aprobación el presente año, dirigidas a la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en todas las esferas; la regulación de los servicios postales, y el reconocimiento como Universidades de varios institutos de estudios superiores.
De acuerdo con el presidente Miguel Díaz-Canel, la adopción en diciembre pasado de un nuevo cronograma legislativo es muestra de la voluntad de avanzar en las leyes, desarrollar la Constitución, y contar con la legislación necesaria para la institucionalidad del país.
No obstante, insistió el jefe de Estado, su cumplimiento, que será tenso y complejo, será sin violentar los tiempos que requieran determinados asuntos que precisan de un mayor consenso social.
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