Mediante un comunicado oficial, el máximo órgano comicial ratificó su principal misión de asegurar y facilitar la libre y absoluta expresión de la soberanía del pueblo venezolano, a través del ejercicio de su derecho al sufragio.
Con ese fin, ‘excluirá con todos los instrumentos y recursos a su alcance cualquier pretensión extranjera de interferir o condicionar sus responsabilidades constitucionales y legales’, señala el documento.
En tal sentido, el CNE aseveró que las pretendidas sanciones del Consejo de Asuntos Exteriores del bloque comunitario están dirigidas a quienes garantizan el derecho a la participación política democrática y a la materialización de procesos electorales.
Agregó que la verdadera intención de las acciones punitivas es atentar contra la voluntad democrática del pueblo de Venezuela y obstruir el ejercicio de la soberanía política.
La Unión Europea consideró que los comicios celebrados el 6 de diciembre último en Venezuela incumplieron con los ‘estándares democráticos’, a pesar de contar con el visto bueno de cientos de observadores internacionales, quienes validaron su transparencia y legitimidad.
En respuesta al nuevo paquete de sanciones contra 19 funcionarios venezolanos, las autoridades de Caracas declararon persona non grata a la embajadora europea Isabel Brilhante Pedrosa y le otorgaron un plazo de 72 horas para abandonar el territorio nacional.
Además de confirmarse la expulsión de la representante del bloque, el Gobierno bolivariano emplazó a las misiones diplomáticas de Alemania, Francia, España y los Países Bajos, por considerar a esos países como promotores de las nuevas medidas coercitivas.
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