Año tras año esta cifra aumenta (20 por ciento en 10 años) y también el porcentaje de menores que se hallaban en prisión preventiva (82) y en centros educativos cerrados, señaló la inspectora de la institución, Dominique Simonnot.
El informe considera que ‘las instalaciones no siempre están adaptadas a la necesaria protección de los niños y adolescentes especialmente vulnerables’ y que el acceso a la educación y el mantenimiento de los vínculos familiares no siempre están garantizados, por lo que presentó 36 recomendaciones para proteger mejor sus derechos fundamentales.
Además, el uso del internamiento para cuidar, educar o insertar a los menores ‘constituye una restricción cuya gravedad es tal que sólo puede ser un último recurso y su uso debe estar limitado por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad’, señala el documento.
Otro de los problemas a los que se enfrentan los menores privados de libertad es el de la violencia de bandas organizadas en el interior de los centros de reclusión, advirtió Simonnot, donde ‘las disputas o conflictos latentes (pueden) exacerbarse con la promiscuidad’.
El informe también pide que se prohiba el internamiento de niños en centros de detención administrativa, donde se encuentran sus padres, favoreciendo otro tipo de medidas alternativas en estos casos, y el encarcelamiento de niñas en centros con mujeres adultas ya que ‘es contrario a la ley’, dijo Simonnot.
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