El trámite en curso es contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual rechazó un antejuicio contra Morales por el incendio ocurrido en el capitalino Hogar Seguro Virgen de la Asunción, a cargo del Estado, donde fallecieron 41 niñas el 8 de marzo de 2017.
Ese fallo negó la posibilidad de investigar la responsabilidad del exjefe de Estado en las decisiones tomadas tras la fuga de un grupo de menores del centro y el posterior desenlace trágico.
En conferencia de prensa este martes, el representante legal de MTM, Esteban Celada, consideró muy importante la respuesta de la CC porque, dijo, no es posible que una demanda de justicia sea catalogada como espuria, política y sin elementos probatorios al punto de quedar en la impunidad.
Esos fueron los argumentos de la CSJ entonces para parar ‘in limine’ la solicitud de retiro de inmunidad del exgobernante, quien hoy goza de un asiento en el Parlamento Centroamericano.
A juicio de Celada, en el amparo presentado la víspera ante la CC se evidencian varias violaciones a los derechos humanos de las víctimas, no solo primarios sino colaterales, así como las obligaciones del Estado en relación a los graves hechos divulgados entonces.
En particular, sobresale la querella por los delitos de tortura y trata de personas, lo cual formaría parte de una nueva investigación, agregó.
Asimismo, la Asociación busca recordar cómo actuó el pleno de la CSJ en 2017, pues la decisión no fue unánime, hubo dos votos disidentes por parte de las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales.
El pasado 8 de marzo se cumplieron cuatro años de la tragedia en el Hogar Seguro, casi sin avances en el proceso judicial contra varios funcionarios responsables de un crimen que conmovió a Guatemala y el mundo.
Ayer se celebró la audiencia de anticipo de prueba del caso Hogar Seguro en el Juzgado Cuarto Penal, donde tres de las 15 sobrevivientes dieron su testimonio a puerta cerrada y en reserva total.
Según las investigaciones, el fuego lo inició un grupo de internas que buscaban ser liberadas del encierro al que habían sido sometidas horas antes; pues 56 de ellas fueron confinadas en una pequeña habitación bajo llave y sin acceso a agua potable ni servicio sanitario.
Ahora, nuevos argumentos podrían sumarse al expediente del caso, seguido de cerca por MTM.
Fundada en 2009, la organización propicia el acceso a la justicia penal para niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de violencia, y su coordinadora general, Paula Barrios, tuvo a su cargo la estrategia legal del connotado caso de las abuelas de Sepur Zarco, 14 mujeres mayas q’eqchi’ víctimas de explotación sexual durante el conflicto armado.
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