El 24 de febrero de 2017, el entonces presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se convirtió en el primer jefe de Estado de América Latina en visitar la Casa Blanca tras la asunción de Donald Trump como mandatario estadounidense el 20 de enero de ese año, escribimos en aquella ocasión.
Terminada la reunión con su homólogo norteamericano, que se centró, según declaraciones del peruano, en temas de inmigración, comercio y otros asuntos de interés común, Kuczynski calificó el encuentro de cordial y constructivo.
Aquella temprana visita a la Casa Blanca podría haber hecho suponer en ese momento que el nuevo gobernante estadounidense daría una importancia alta a la región vecina como parte de la política exterior de su administración, pero los cuatro años de su mandato mostraron una realidad muy diferente.
INDIFERENCIA Y ATAQUES
Si bien casi una decena de dignatarios del área dialogaron con Trump en la mansión ejecutiva y presumieron en mayor o menor medida de relaciones estrechas con el país norteño, el presidente de Estados Unidos solo realizó una breve visita a la región, a finales de 2018, para participar en la cumbre del G-20 que se celebró entonces en Buenos Aires, Argentina.
La falta de viajes a América Latina contrastó con la postura asumida por sus predecesores en el cargo, pues el republicano George W. Bush (2001-2009) y el demócrata Barack Obama (2009-2017) realizaron cada uno seis visitas a esa zona geográfica en sus respectivos primeros mandatos.
No en vano, y como reflejamos entonces, muchas voces consideraron que el gobernante norteamericano restaba importancia a los países latinoamericanos, un criterio que se afianzó con la decisión de Trump de no participar en la VIII Cumbre de las Américas, celebrada en Lima, Perú, el 13 y el 14 de abril de 2018.
Desde 1994, cuando se realizó el primero de esos eventos, todos los presidentes del país norteño habían estado presentes, y la Casa Blanca llegó a anunciar la asistencia de Trump con el fin de reafirmar a Estados Unidos como «un compañero duradero» de las naciones del área, pero a pocos días de la cumbre dio a conocer que finalmente iría el vicepresidente Mike Pence en su lugar.
Además, en ese momento Trump también canceló un viaje que tenía previsto a Colombia, y luego procedió del mismo modo con una visita a ese territorio sudamericano anunciada para finales del año en el contexto de la cita del G-20.
Pese a esas acciones, descritas reiteradamente como una muestra de desinterés en el área cercana, el republicano sí tuvo durante su gobierno cuestiones puntuales relacionadas con América Latina en las que puso énfasis: la inmigración, las sanciones contra países con sistemas diferentes al promovido por Estados Unidos, y los ataques contra otras naciones.
ARREMETIDA CONTRA LA INMIGRACIÓN
Desde la etapa como candidato presidencial, el exgobernante hizo del tema migratorio un eje central de su agenda, y resultó recurrente su promesa de levantar un muroen la frontera sur.
Durante los cuatro años en el poder, buscó reducir la llegada ilegal o legal de extranjeros a su país, lo cual significó la adopción de numerosas medidas agresivas que desataron las críticas dentro y fuera de Estados Unidos.
Fue Trump quien provocó gran indignación con la política de separación de familias en la línea divisoria sur, que llevó a miles de menores a ser alejados de sus padres y padecer difíciles condiciones de vida.
También, el expresidente dificultó de manera considerable el sistema de solicitud de asilo, con reglas más complejas y la obligación de que muchos migrantes debieran esperar en México la revisión de sus casos en las cortes pertinentes.
Arremetió continuamente contra el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido por sus siglas DACA, una iniciativa de la administración Obama que protege de la deportación, y ofrece permisos de estudio y trabajo, a jóvenes inmigrantes traídos al territorio norteño durante su niñez.
Tales medidas afectaron fundamentalmente a América Latina y el Caribe, porque datos difundidos en agosto pasado por el Pew Research Center mostraron que de los casi 45 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos, la mitad provienen de naciones del área.
De acuerdo con un análisis de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), «el enfoque abrumador de impedir la migración, motivado por un deseo de apaciguar la base política de Trump, redefinió la política estadounidense hacia América Latina, casi exclusivamente en torno a esta cuestión».
«En lugar de perseguir una amplia gama de objetivos políticos latinoamericanos como la gobernabilidad democrática, el estado de derecho y la seguridad ciudadana, el gobierno de Trump presionó la cooperación de acciones de mano dura en la migración», añadió WOLA, que en julio y agosto de 2020 desarrolló cuatro eventos para evaluar el impacto del gobierno del republicano en esta zona.
Las mencionadas acciones de mano dura incluyeron amenazar a México para firmar un trato que impedía la inmigración, manipular a países centroamericanos para ejecutar Acuerdos de Cooperación de Asilo, e insistir en deportar a migrantes retenidos en centros de detención, incluso en medio de la pandemia de la Covid-19.
Reiteradas veces, y como pudo presenciar Prensa Latina en muchas ocasiones, las calles de Washington D.C. y otras ciudades del país fueron escenarios de multitudinarias protestas contra las políticas migratorias del jefe de la Casa Blanca.
En esos actos era permanente la asistencia masiva de latinoamericanos o personas de ese origen, quienes tienen un peso muy importante en la economía, la cultura, la política y la sociedad norteamericana en general.
La cuestión migratoria también llevó al exmandatario a amenazar a países del área, sobre todo los del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador), a los que ordenó cortar la ayuda financiera tras acusarlos de no hacer lo suficiente para frenar el flujo de personas hacia su país, y a atacar los Estatus de Protección Temporal.
Esas acciones, señalaron entonces medios de prensa y analistas, buscaban satisfacer y movilizar en las urnas a la base conservadora de Trump, la cual apoya la adopción de políticas de línea dura frente a la inmigración.
Pero quizás la postura hacia América Latina que más propósitos electorales persiguió fue la agresividad de la administración del republicano contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, la cual se manifestó a través de una criticada política de sanciones y una retórica ofensiva.
OLEADA DE SANCIONES
Bajo el argumento de apoyar a los pueblos de esos tres países, el recién finalizado gobierno estadounidense impuso numerosas restricciones económicas que, según coinciden numerosas fuentes dentro y fuera de Estados Unidos, en realidad empeoraron las condiciones de vida en esos territorios y violaron los derechos de sus ciudadanos.
En el caso de Cuba, redujo drásticamente los viajes y el envío de remesas, obstaculizó el acceso a combustibles, activó el Título III de la controvertida Ley Helms-Burton, el cual permite demandar a quienes inviertan en propiedades nacionalizadas en la isla, y volvió a incluir a la mayor de las Antillas en la unilateral lista de países patrocinadores del terrorismo, entre otros movimientos que generaron condenas de numerosos sectores norteamericanos.
Con Venezuela, en tanto, hubo continuos esfuerzos por derrocar al presidente constitucional de ese país, Nicolás Maduro, lo cual incluyó permanentes castigos económicos; el apoyo a un intento de golpe de Estado y el respaldo al político opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó en 2019 mandatario interino; y el despliegue de fuerzas militares cerca de las costas de la nación sudamericana.
Hacia Nicaragua también existió un grupo de sanciones que comprendieron, entre otras, la aprobación en el Congreso de la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, destinada a limitar la capacidad del país centroamericano para obtener financiamiento de organismos internacionales.
La estrategia seguida contra esas tres naciones, más que mirar a La Habana, Caracas o Managua, estaba dirigida a hacer blanco en un sector de derecha de los votantes del sureño estado de Florida, considerado clave para los intentos de Trump de mantenerse en el poder hasta 2025.
Aunque en las elecciones del pasado 3 de noviembre el republicano logró vencer en el llamado estado del sol, finalmente fue derrotado a nivel nacional, y desde el 20 de enero pasado la presidencia norteamericana está en manos del demócrata Joe Biden, quien ha dicho que su política hacia América Latina estará alejada de la postura de su antecesor.
DE TRUMP A BIDEN
La organización Friends of Latin America (Amigos de América Latina) promueve en Estados Unidos la conciencia, el activismo y la responsabilidad social en aras de buscar relaciones más justas con la región vecina.
En declaraciones exclusivas para la sección Escáner de Prensa Latina, la presidenta de ese grupo, Leslie Salgado, consideró que Trump hizo mucho daño, tanto al pueblo estadounidense, con posturas al estilo de su mal manejo de la pandemia de la Covid-19, como a la mencionada área geográfica.
Salgado afirmó que el exgobernante criminalizó a los extranjeros, en particular a los nuevos inmigrantes centroamericanos y mexicanos, y condenó que retirara a miles de niños del lado de sus padres en la frontera sur, pues “no se sabe cuántos siguen separados sin poderlos volver a reunir”.
Manifestó que Trump recrudeció políticas negativas en contra de países como Venezuela y Nicaragua, utilizó a Colombia para sus maniobras intervencionistas, y en relación con Cuba eliminó todos los cambios positivos de apertura que había implementado Obama durante su segundo mandato.
Al referirse a la nueva administración que gobierna en Estados Unidos, Salgado resaltó que Biden ya comenzó a realizar cambios positivos en asuntos como el manejo de la crisis de salud y sostuvo que los norteamericanos sienten la diferencia del cambio.
Sin embargo, lamentó que en materia de política exterior deben seguir presionando “para que Estados Unidos deje de tratar de imponer su modelo de democracia capitalista”.
Criticó, en ese sentido, que se invitara a la toma de posesión del demócrata al supuesto “embajador” venezolano designado por Guaidó; que se siga la misma línea propagandística contra Nicaragua y el apoyo a los grupos de derecha que buscan derrocar al gobierno de ese país; y que todavía no se reviertan las políticas aplicadas por Trump contra Cuba.
“La democracia impuesta no es democracia”, recalcó la presidenta de Friends of Latin America, quien ratificó que la organización bajo su mando seguirá trabajando y presionando por el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
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En este trabajo colaboraron Adriana Robreño y Yosvany Noguet, periodistas; Amelia Roque, editora; Lázaro Miranda (LAZ), caricaturista; y Rey Dani Hernández, webmáster.
