El primer ministro Scott Morrison dijo que actualizaría las leyes de discriminación sexual de acuerdo con las recomendaciones de un informe de hace un año luego de una investigación sobre discriminación sexual.
No solo es inmoral y despreciable e incluso criminal, sino que niega a los australianos, especialmente a las mujeres, no solo su seguridad personal sino también su seguridad económica al no estar tranquilas en el trabajo, expresó.
Morrison explicó que adoptará las 55 recomendaciones del informe ‘Respect @ Work’ elaborado por la propia comisionada de discriminación sexual del gobierno, Kate Jenkins, y publicado por primera vez en enero de 2020.
Las nuevas reglas abolirán las exenciones para políticos, jueces y empleadores del sector público con respecto a denuncias de acoso sexual, como está vigente actualmente.
Esta medida se produce en medio de una serie de acusaciones de abuso sexual y violación contra políticos de alto rango, y protestas a nivel nacional por la aparente renuencia inicial a actuar del gobierno.
Los cambios legislativos incluirían clasificar el acoso sexual en el lugar de trabajo como ‘falta grave’, lo que lo convierte en una razón válida para el despido.
El gobierno también extenderá el período durante el cual una víctima puede reportar un incidente, de seis meses a dos años.
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