Se trata de resolver problemas estructurales, organizativos, productivos, económicos-financieros del uso y tenencia de la tierra y sociales que han obstaculizado obtener elevados rendimientos y productividad del sector agropecuario, y que no han permitido responder a las demandas del pueblo en materia alimentaria, precisó el vice primer ministro Jorge Luis Tapia.
En el programa radio televisivo Mesa Redonda, Tapia explicó que las 63 medidas son resultado del análisis de un diagnóstico del comportamiento de la agricultura cubana en los últimos 10 años, para así eliminar trabas y potenciar de inmediato las capacidades productivas del sector.
Señaló que será muy importante aplicar las disposiciones con rigor, disciplina y control, cumplir los contratos establecidos entre agricultores y empresas para que haya responsabilidad en el mejoramiento de los indicadores productivos, así como la participación activa de todos los campesinos y productores agrícolas. Agregó que estas acciones se adoptan en medio de un complejo contexto nacional e internacional y forman parte de la estrategia de desarrollo del país en medio de la pandemia, el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos y la implementación del ordenamiento monetario para impulsar la economía.
Al referirse a las medidas, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, mencionó la reducción de las tarifas de electricidad y agua en todas las actividades agropecuarias, las cuales serán fijas durante todo el año, con independencia de la fluctuación de los precios del petróleo en el mercado internacional y la estructura de generación interna.
Esa decisión, informó, significa una erogación adicional del Presupuesto del Estado, por concepto de subsidio, entre los 240 y 400 millones de pesos (entre 10 y 16 millones de dólares), lo cual favorece y estimula a los productores para cumplir lo pactado con el Estado y poder comercializar los excedentes.
Bolaños comentó también que en el presupuesto del Estado están dispuestos mil 800 millones de pesos (75 millones de dólares) como fondos de fomento para estimular las producciones agrícolas a través del otorgamiento de créditos bancarios, en función de impulsar la sustitución de importaciones.
De manera general, lo aprobado incluye, además, aspectos relacionados con los precios de los insumos y de algunos productos agrícolas, el proceso de contratación de la fuerza de trabajo, la comercialización, la promoción de proyectos de desarrollo local, la implementación de medidas financieras y el pago de los impuestos.
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