El traspaso de la AEE al consorcio LUMA Energy es un plan para engañar a los empleados, junto a una amenaza de empeorar la crisis que vive esta isla del Caribe tras el paso del huracán María en 2017, los terremotos en el área sur, la pandemia de Covid-19 y la quiebra del gobierno.
Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso federal, y la congresista Velázquez repudiaron el contrato que otorgó la Autoridad de Alianzas Público Privadas al consorcio LUMA Energy para la transmisión y distribución del sistema eléctrico de Puerto Rico.
Advierten en un artículo publicado en The Hill, en Washington, que el contrato con LUMA afectará al pueblo, especialmente de cara a la temporada de huracanes, pues la isla enfrentará ese período con un sistema eléctrico deteriorado, agudizado por la crisis laboral que causó el acuerdo.
El contrato con el consorcio norteño, añaden el presidente y la miembro del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, está desmantelando el personal capacitado para trabajar con el sistema eléctrico puertorriqueño, lo que inevitablemente aumentará para el pueblo los costos relacionados.
A días para que entre en vigor el contrato, el 1 de junio de 2021, los empleados adiestrados y capacitados para realizar las labores esenciales están recibiendo cartas de que fueron desplazados a otras agencias del gobierno para realizar tareas tales como guardias de seguridad, costura y enfermería, entre otras.
Estos desplazamientos costarán alrededor de 200 millones de dólares anuales al ya quebrado gobierno de Puerto Rico en trabajos que no estaban presupuestados.
Esto se suma al contrato con LUMA, que solo este año le costará al fisco 750 millones de dólares para financiar las cuentas de reserva que la AEE está obligada a mantener, según establece el contrato, considerado leonino por abogados como Rolando Emmanuelli.
Grijalva y Velázquez sostienen en el artículo que la crisis fiscal del país amerita que el gobierno ‘haga mejor uso de los recursos y ofrezca mejores servicios’ a la población.
Se refieren a iniciativas que permitan ahorrar dinero suficiente para el desarrollo y mejorar la productividad laboral.
‘Este mal diseñado contrato impide ambas cosas’, insistieron los congresistas, postura que contraviene las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la cual impulsa la entrega del ente eléctrico boricua a LUMA Energy, que no aporta un solo centavo.
‘Lamentablemente, el contrato con LUMA es otro síntoma de las fallas que ha presentado la reforma del sistema eléctrico del país en años recientes’, expresaron los congresistas demócratas.
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