El exgobernante aludió en Twitter a la imputación en la nación norteña al extitular por soborno y corrupción y aseguró que en Bolivia ‘no hay persecución política sino búsqueda para establecer la verdad y lograr justicia’.
Morales recordó en la red social que el daño económico al Estado por delitos como los de Murillo fue denunciado desde 2020, luego del golpe de Estado de noviembre de 2019 que sirvió ‘para robar y masacrar al pueblo boliviano’.
‘Uno tras uno caen los responsables que tanto dolor, luto y daño económico causaron’, añadió en Internet el líder político expulsado entonces del cargo de presidente constitucional por golpistas como Murillo.
El Departamento de Justicia estadounidense informó la detención e imputación al exministro de Gobierno en la administración de facto de Jeanine Añez por integrar una red de sobornos y lavado de dinero.
Junto a Murillo, quien enfrenta por esos cargos una pena de hasta a 20 años de prisión, fue apresado en Estados Unidos su exjefe de gabinete Sergio Rodrigo Méndez.
El actual ministro boliviano de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que esos individuos construyeron una red para obtener unos 2,3 millones de dólares, procedentes de la corrupción y el narcotráfico.
Entre los implicados junto a Murillo figuran su hermana, Magda Mireya; su cuñado, Daniel Leonardo Aliss Paredes; el oficial de policía, Ívar Víctor Gómez Apaza; y el capitán de policía Daniel Bellot.
La lista incluye a individuos como Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, junto a varios exfuncionarios de Jeanine Áñez.
Murillo y Méndez están acusados de un soborno vinculado a una empresa intermediaria para un contrato con el gobierno boliviano sobre adquisición de gases lacrimógenos, precisó del Castillo.
Los sobornos pretendían que la empresa de Bryan Berkman, Bravo Tecnical Solutions, con sede en Florida, obtuviera transacciones del Ministerio de Defensa boliviano para la obtención de esos medios represivos.
La negociación comprendió un contrato de 5,6 millones de dólares para gases lacrimógenos y armas no letales para el gobierno de facto, que los usó contra las protestas por el golpe de Estado de noviembre de 2019.
ga/apb
