De acuerdo con una nota de esa institución, la acción efectuada el pasado martes por el Puerto de Orozco, en el Mariel, Artemisa (al oeste de la capital cubana), se corresponde con lo establecido en los acuerdos migratorios entre ambas naciones.
Detalla que esas personas participaron en ocho salidas ilegales del país entre finales de mayo y el 3 de junio pasados por vía marítima, la mayoría en medios rústicos, poniendo en riesgo su vida.
Algunos, incluso, robaron una embarcación vinculada a la Base de Pesca Deportiva de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque (al este de La Habana).
Con ellas suman 313 las personas devueltas por las autoridades estadounidenses en 2021, apunta.
La comunicación afirma, además, que el gobierno cubano ha insistido en la necesidad del cumplimiento estricto de la Declaración Conjunta Cuba-EE.UU. sobre temas migratorios, del 12 de enero de 2017.
Este acuerdo plasmó el compromiso bilateral de prevenir la migración irregular e impedir las salidas riesgosas desde Cuba, luchar contra los actos de violencia relacionados, y desalentar resueltamente las ilegalidades vinculadas con las mismas.
También dispone promover la cooperación bilateral eficaz para prevenir y procesar el tráfico de personas y delitos asociados.
El texto del Minint señala, asimismo, que en correspondencia con la letra de ese pacto, Cuba reitera y defiende la migración regular, segura y ordenada, y exhorta a que la parte estadounidense cumpla con el compromiso de garantizar el traslado legal desde la isla de un mínimo de 20 mil personas anuales.
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