Dicho arreglo lo materializaron mediante una norma que busca acelerar dicha conexión, mediante una simplificación de los procedimientos de contratación pública y autorizaciones para proyectos.
La RTE-T está compuesta por una doble estructura, la red global, que persigue la conectividad de todas las regiones de la UE (a completarse para 2050), y la red básica, prevista a finalizar en 2030.
Sin embargo, la diversidad y complejidad de los procedimientos de concesión de autorizaciones de los Estados miembros pone en peligro el cumplimiento de los plazos, señala un comunicado.
Agregan que en muchos casos da lugar a retrasos considerables y a un aumento de los costos.
La directiva, respaldada por los 27, se propone abordar estas cuestiones y hacer posible que la RTE-T se complete de manera sincronizada dentro de los plazos, mediante una actuación armonizada, reitera la nota.
Dicha resolución establece que cada uno de los Estados miembros nombrará una autoridad nacional como punto de contacto.
Tal norma debe ser adoptada ahora por el Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor. Después, los Estados miembros dispondrán de un plazo de dos años para trasladar las reglas a sus legislaciones nacionales.
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