Transcurrido casi un mes desde su inicio, las conclusiones de la fiscal Vanessa Perrée apuntan hacia ‘importantes abusos financieros’ y la creación de ‘un sistema opaco’, donde ‘lo importante no era el tope legal de la campaña, sino ganar las elecciones (…) el dinero no importaba’, afirmó.
A diferencia de los otros 13 imputados, por ‘falsificación de documentos’ y ‘estafa’ con penas de hasta cinco años de cárcel, Sarkozy sólo es juzgado por ‘financiación ilegal de la campaña’ y se enfrenta a un año de prisión y una multa de tres mil 750 euros.
La investigación reveló que el precio real de las 44 encuentros y mítines, organizados por la agencia de eventos Bygmalion, fueron drásticamente reducidos para evitar sobrepasar el máximo legal permitido, pero para ello hicieron desaparecer el 80 por ciento de las facturas.
A pesar de las evasivas declaraciones ante el tribunal por parte de los directivos del partido de Sarkozy, tres antiguos ejecutivos de Bygmalion aseguraron que los responsables de campaña les pidieron crear un sistema de falsas facturas, algo que solo un miembro del partido reconoció.
Lo que la investigación no pudo determinar hasta el momento es quien dio la orden de establecer esa estructura ilegal, que llegó a superar en 22 millones de euros el límite establecido para las campañas presidenciales en Francia.
mem/acm
