El organismo impuesto por Estados Unidos al gobierno de Puerto Rico para controlar sus finanzas ante la quiebra fiscal, incluyó en la acción judicial en el tribunal federal a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) de Puerto Rico.
La JSF afirmó que la Ley 7-2021 de Retiro Digno, aprobada el pasado 9 de junio, crearía miles de millones de dólares en nuevas obligaciones de pensión del gobierno.
Además, a su juicio, ataría las manos del actual gobierno de Puerto Rico y de futuros gobiernos, al tiempo que prohibiría la cooperación gubernamental con el Plan de Ajuste; reasignaría cada dólar del servicio de la deuda, para su reestructuración, a un nuevo Fideicomiso de Pensiones.
Según el organismo fiscal, el gobernador Pedro R. Pierluisi aprobó la Ley 7 el 9 de junio de 2021, pero certificó, por medio de Aafaf, que es ‘significativamente inconsistente’ con el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico de 2021.
La certificación del gobernador Pierluisi admitió que la aplicación de la ley podría violar varias otras disposiciones de la legislación Promesa, incluyendo la autonomía de la Junta de Supervisión y una reprogramación de fondos gubernamentales sin la aprobación del organismo.
Ante esto, según la JSF, la Ley 7 debe ser anulada porque prohíbe al Gobierno cooperar con cualquier plan de ajuste que contradiga sus disposiciones, incluido el Cuarto Plan de Ajuste Enmendado, presentado el 29 de junio de 2021.
‘La negativa del Gobernador a confirmar que no implementará la ley, y la negativa de la Legislatura a derogar cualquier parte de la ley deja a la Junta de Supervisión sin otra opción que recurrir al litigio’, planteó al justificar la demanda.
La Ley 7 le hace la falsa promesa de un ‘retiro digno’ a los empleados jubilados del gobierno mediante mayores beneficios que Puerto Rico no puede pagar, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel.
La Ley 7, según Skeel, resulta contraria a un ‘retiro digno’; pondría en peligro los beneficios de retiro en el futuro, ya que la ley no puede ni podrá financiar adecuadamente lo que promete.
Puerto Rico permanece en una crisis fiscal y la implementación de la Ley 7 descarrilaría el progreso logrado en alcanzar una reestructuración de deuda consensuada, prolongaría la bancarrota, resultaría en inestabilidad fiscal y retrasaría la recuperación, subrayó Skeel.
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