Según declaró en conferencia de prensa el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, los jueces actúan con independencia de otras instituciones, así como con imparcialidad y estricto respeto de las normativas.
Recordó que en torno a los sucesos del pasado 11 de julio en distintos puntos del país, algunos procesos fueron de manera más ágil, lo cual es una práctica universal en aquellos casos menos graves, enfatizó.
De acuerdo con el presidente llegaron a las instancias del TSP causas relacionadas con desorden público, actos de desacato a la autoridad, por algunas lesiones a personas que no son graves ni dejan secuelas, así como otras figuras delictivas previstas en la ley.
En ese sentido, dijo, las penas pueden ser de multas, de libertad controlada o prisión por corto tiempo, sin ser sentencias definitivas.
Remigio Ferro remarcó que todos los acusados de cometer presuntos delitos tuvieron la oportunidad de ser defendidos, y que varios decidieron ser representados.
Puntualizó que incluso en aquellos casos juzgados, los ciudadanos tienen el derecho de establecer recursos de apelación en los tribunales provinciales.
El presidente del TSP insistió en el predominio del principio de presunción de inocencia, en el cual hay que demostrar la participación de los sujetos en el quebrantamiento de la ley.
De igual forma, puntualizó que los detenidos tienen el derecho de proponer pruebas, comunicarse con sus familiares y seres allegados, así como a las garantías de los estándares internacionales para la justicia.
En el caso de los menores de edad, de hasta 18 años, estos tendrán un tratamiento diferenciado, pues no responden penalmente, precisó.
Asimismo, el presidente del TSP significó que manifestarse o pensar diferente no constituye un delito, pero incitar a disturbios, agredir, lesionar y desobedecer las disposiciones dirigidas a preservar el orden y la tranquilidad, sí.
‘Las condiciones para actuar con total transparencia en Cuba están muy bien dadas’, remarcó.
Las instancias competentes avanzan en las investigaciones sobre los hechos vandálicos y ataques a personas, bienes, entidades y autoridades ocurridos el pasado 11 de julio, alentados desde las plataformas digitales y en medio de una feroz guerra mediática contra la isla, de acuerdo con autoridades cubanas.
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