Según explicó el ministro de Policía, Bheki Cele, mientras continúan las investigaciones sobre la respuesta de la fuerza pública a los disturbios, las acciones de algunos oficiales deben considerarse como un cumplimiento de su deber constitucional de ayudar a proteger vidas.
En declaraciones a la prensa, el Ministro reveló que más de 300 personas murieron en las provincias de KwaZulu-Natal y Gauteng durante los hechos de violencia y los saqueos ocurridos a mediados de julio.
En estos momentos, además de otras pesquisas, se investigan las circunstancias en que esos ciudadanos perdieron la vida, proceso para lo cual se han asignado más de 30 detectives en ambas provincias.
Supongo que la mayoría de esas personas no murieron a causa de las acciones policiales, cuya única obligación constitucional es proteger vidas y no matar gente sin más, dijo Cele. Asimismo, añadió, se estudia cómo en algunas áreas la Policía habría podido responder de una mucho mejor forma.
En algunas zonas, reconoció Cele, los efectivos policiales actuaron de manera lenta, y para eso, tendremos que investigar y averiguar qué sucedió realmente y tomar las medidas adecuadas al respecto.
A comienzos de julio miles de manifestantes salieron a las calles de varias regiones de Sudáfrica para exigir –inicialmente- la liberación del expresidente, Jacob Zuma, encarcelado para cumplir una pena de 15 meses por desacato a un tribunal anticorrupción.
Días más tarde, las protestas se tornaron en saqueos masivos y actos de vandalismo.
Según cifras reveladas por el gobierno, se registraron más de 118 incidentes de violencia pública, incendios provocados, saqueos y otros casos relacionados con las revueltas.
En informes preliminares, la Policía revela que se causaron grandes daños a 161 centros comerciales, 11 almacenes, ocho fábricas y se saquearon 161 establecimientos expendedores de licores.
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