De acuerdo con el rotativo, el magistrado del Tribunal Supremo Popular, Joselín Sánchez, detalló en entrevista que hasta el momento se ha procesado a 62 personas en esos órganos territoriales, donde se mantiene el estricto cumplimiento de cada una de las garantías que establece la legislación.
Las personas puestas a disposición de los tribunales son aquellas cuyas conductas han sido constitutivas de delito, aseguró el también director de Supervisión y Atención a la Población del TSP.
Detalló Sánchez que la tipicidad delictiva predominante en estos casos es el desorden público, en 53 de los sancionados, unido a otros delitos tales como el de resistencia, desacato, instigación a delinquir y daño, hechos para los cuales la ley prevé sanciones de hasta un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas, o ambas.
Afirmó, asimismo, que los tribunales dieron todas las facilidades para que a los acusados que tuvieron la intención de nombrar abogado, se les garantizara ese derecho.
Señaló que, de los juzgados hasta el momento, 22 comparecieron al acto del juicio oral asistidos por abogados; del total de acusados uno resultó absuelto, y 45 han establecido el recurso de apelación y, de estos, 40 han designado abogado.
Informó, además que fueron revocadas las sanciones subsidiaria o libertad condicional a 21 sancionados que participaron en los hechos e incumplieron con sus obligaciones impuestas por la ley.
Estos procesos no están exentos del cumplimiento de todas las garantías, incluso, en algunos casos se modificó la hora prevista para el juicio en espera de la asistencia de abogados, subrayó Sánchez.
Por su parte, Dixán Fuentes, fiscal jefe de la Dirección de Atención a los Ciudadanos, apuntó que, en relación con esos hechos, del 11 de julio al 3 de agosto este órgano atendió a 215 personas, de 12 provincias y del municipio especial de Isla de la Juventud.
Fuentes desmintió, asimismo, las campañas mediáticas que hablan de quebrantamientos desproporcionados de la legalidad y listas de supuestos desaparecidos.
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