Ejemplo de ello fue la decisión, en los estertores de su mandato, del presidente Donald Trump, de reincorporar a la isla caribeña en el listado de países promotores del terrorismo, con lo cual maniató al gobierno de Joe Biden, que mantuvo sin cortapisas el rumbo anticubano del millonario republicano.
‘El gobierno de Estados Unidos crea esta iniciativa de lista, le otorga contenido y alcance, al mismo tiempo es el escrutador de las acciones de otros Estados, compañías y entidades. Además decide si alguno de ellos califica para la inclusión en la lista, y por si fuera poco es el sancionador’.
Así opinó en entrevista con Prensa Latina la jurista Desireé Llaguno, profesora auxiliar de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Habana.
Es precisamente la implementación de las sanciones el objetivo de las listas, subrayó.
No es casual que numerosas empresas cubanas estén en ‘listas negras’ con las que Estados Unidos pretende asfixiar la economía de la isla caribeña, ya sea por el corte de remesas, la prohibición de transacciones y la persecución de los embarques de combustibles, entre otras modalidades.
A ello no escapa el turismo, que hasta el azote de la pandemia representaba una de las mayores y expeditas fuentes de ingreso para Cuba. Son cientos las instalaciones hoteleras y turísticas castigadas por Washington en el archipiélago cubano.
También crece el listado de ciudadanos cubanos especialmente designados (SDN), funcionarios gubernamentales y altos oficiales de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior a los que el gobierno estadounidense impuso sanciones de manera unilateral.
El pasado mes el gobierno de Biden, reeditando a Trump, mantuvo a Cuba en la terna de países a los que vincula con el tráfico de personas.
Esta vez, como antes, la intención fue denigrar la cooperación médica internacional cubana que ha salvado o contribuido a salvar la vida de millones de personas en más de 160 naciones y que, especialmente durante la pandemia, constituyó alivio en alrededor de 40 países.
Al respecto LLaguno consideró que asuntos tan serios como el terrorismo, el combate contra las drogas, la trata de personas y otras se utilizan para implementar sanciones económicas, bloqueos, congelamientos de activos en bancos estadounidenses y medidas de aislamiento político.
‘Lo más interesante es que para todas esas cuestiones existe un sistema de medidas promovidas desde las Naciones Unidas, qué paradójicamente no se tienen en cuenta para la calificación o no’, expresó la experta.
Ejemplificó que desde el 29 de diciembre de 1979 el Departamento de Estado emite la lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional, de conformidad con legislaciones propias como la Ley de Asistencia Extranjera de los Estados Unidos, del 4 de septiembre de 1961.
También la Ley para el Control de las Exportaciones de Armas de los Estados Unidos, del 30 de junio de 1976; y la Ley para la Administración de las Exportaciones, de 1979.
Son mecanismos de injerencia en los asuntos internos que tienen como fin último, en el caso de Cuba, un cambio en su sistema político, aseveró la también miembro de la Sociedad de Derecho Internacional de la Unión Nacional de Juristas.
‘Estamos frente al desconocimiento sistemático del derecho del pueblo cubano a determinar libremente su condición política y decidir también libremente su desarrollo económico, social y cultural’, concluyó la jurista.
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