El viceministro de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez Hernández, explicó que el nuevo cuerpo legal que establece normas jurídicas sobre el tema no está alejado de lo establecido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de Naciones Unidas de 2003 y 2005.
Rodríguez Hernández precisó en el espacio televisivo Mesa Redonda que la UIT reconoce el derecho soberano de cada Estado a regular esas actividades y toda legislación que contribuya a salvaguardar la economía y otros sectores de la sociedad.
En el caso de la cumbre, esta abogó por impedir el uso de las tecnologías y las telecomunicaciones con fines terroristas y acciones contra la estabilidad y seguridad internacional, así como un ordenamiento adecuado y pertinente.
Destacó que el decreto ley establece beneficios para la ciudadanía como la protección del consumidor y responsabiliza al Ministerio de Comunicaciones como gestor y velador público de cumplir con sus deberes y, ante quejas y reclamaciones de la población, atenderlas y darles respuesta.
Más de 7,7 millones de clientes de telefonía móvil fueron registrados en la isla al cierre de 2020, de ahí que la cartera debe chequear que operadores y proveedores brinden servicios de valor agregado como la pasarela de pago nacional Transfermóvil, en cumplimiento de iniciativas internacionales, precisó.
Asimismo, debe exigir y controlar la cobertura adecuada del servicio de radiodifusión y atender quejas sobre la mala calidad de la señal en cualquier lugar, aspecto a tener en cuenta en el momento de crear asentamientos poblaciones.
La gratuidad de llamadas a varios servicios como emergencias, bomberos y la Policía, también son responsabilidades definidas en la nueva legislación y, ante el embate de fenómenos meteorológicos y actualmente la pandemia de Covid-19, establece la habilitación de líneas telefónicas para brindarle información a la ciudadanía.
El viceministro mencionó otros beneficios como impulsar servicios de banda ancha y priorizar la infraestructura de la televisión digital terrestre, esta última con la distribución de más de 73 mil cajas decodificadoras de producción nacional en el occidente del país para el tránsito de la señal analógica a digital.
Zonas de difícil acceso como Cabo Cruz, en la oriental provincia de Granma, reciben contenidos de radio y televisión mediante satélite, una responsabilidad también del Ministerio de Comunicaciones definidas en el decreto ley.
En el área de las investigaciones, promueve la implementación de plataformas como APKalis para la venta de aplicaciones, y de parques tecnológicos como el de las universidades de Ciencias Informáticas (UCI) y de Matanzas Camilo Cienfuegos, agregó.
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