Mientras en el sector privado el gobierno retiró la obligatoriedad de un mínimo semanal, en el público el nuevo marco regulador establece que, de forma voluntaria y con el acuerdo del jefe, un empleado puede disponer de tres días de teletrabajo a la semana.
Según informó la ministra de Transformación y Función Pública, Amélie de Montchalin, tras el primer confinamiento de la epidemia ‘casi el 80 por ciento de los empleados de la administración central teletrabajan, y el 50 por ciento en los servicios descentralizados’, dijo.
Montchalin añadió que, debido a las características de su trabajo, ‘casi la mitad’ de los 2,5 millones de funcionarios están en condiciones de solicitar tres días de teletrabajo a la semana, mientras que otros no podrán hacerlo al tener que estar presentes ante el público, como profesores o policías, entre otros.
El acuerdo que entra hoy en vigor será evaluado día a día hasta el 31 de diciembre, fecha en que podrá ser renegociado entre las administraciones locales y el gobierno central, según consta en el contenido del mismo.
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