La idea trascendió este viernes en un encuentro entre funcionarios de los ministerios de la Agricultura (Minag), de Salud Pública, y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), con representantes de organizaciones protectoras de animales, donde pasaron revista a lo avanzado en la aplicación de la normativa.
La posición común es la de unir fuerzas para enfrentar situaciones de maltrato, impulsar acciones de educación a la ciudadanía para una tenencia responsable y lograr que esfuerzos estatales como las campañas de vacunación antirrábica sean mucho más efectivas.
Sin embargo, parece claro que aún queda mucho por definir en aspectos tan importantes como los procedimientos a seguir luego de una denuncia de violencia contra los animales, de modo que se pueda actuar con inmediatez y eficacia.
De acuerdo con Yosvanis Gutiérrez, director del Centro Nacional de Sanidad Animal, institución coordinadora en la implementación del cuerpo legal y sus reglamentos, también trabajan en la capacitación de todos los actores que intervienen en su aplicación.
Este es un aspecto relevante, pues si los cuerpos de inspectores y las fuerzas del orden no están persuadidos y dominan los procedimientos, no podrá lograrse la actuación firme y coherente que los activistas reclaman, junto a una mayor transparencia en el tratamiento de las quejas formuladas y los resultados.
Gutiérrez igualmente explicó que todavía faltan por determinar asuntos vinculados a los refugios para animales, pues hoy los existentes están en casas de personas.
Cómo deben ser esas instituciones, cómo deben operar, qué aseguramientos necesitan y quiénes y bajo qué condiciones intervendrán, son solo algunos de los aspectos por regular, para los cuales se reconoce la importancia de acciones de coordinación entre las entidades estatales y la sociedad civil.
Los animalistas convocaron a las autoridades a acercase a sus experiencias de trabajo, diseminadas por todas las provincias, tanto en la protección, como en las campañas de esterilización, desparasitación y concientización.
Esta última arista señalada como una de las cuestiones fundamentales, pues la puesta en práctica del decreto ley demanda más acciones de educación y comunciación para fomentar conductas responsables y avanzar como sociedad hacia un verdadero bienestar animal.
El proceso de implementación de la norma jurídica será también participativo, afirmó Orlando Díaz, director jurídico del Minag, quien ratificó que al igual que durante la elaboración del cuerpo legal, para su desarrollo y aplicación cuentan con las organizaciones protectoras de animales.
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