En un comunicado difundido este jueves, la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia expresó preocupación por la situación de Aifán y exigieron protección por considerarla ‘honorable, recta, notable y con una labor impecable en defensa Sistema de Justicia y del Estado de Derecho’.
Resulta preocupante que el Estado de Guatemala actualmente cumpla en forma inadecuada y parcialmente las medidas cautelares que a su favor ha otorgado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2019 ni le ha dado respuesta a su solicitud de mejorarlas, advirtió el texto.
Actualmente, sufre ‘fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en el país’, detalla el pronunciamiento, el cual solicita al organismo Ejecutivo y con énfasis al Ministerio de Gobernación que le doten de una adecuada protección.
Las firmantes recuerdan que son de conocimiento público los reiterados ataques contra el desempeño de Aifán en el Juzgado de Mayor Riesgo D a su cargo y sus denuncias por la comisión de ilícitos por parte de personas en su ámbito de acción, sin respuesta del Organismo Judicial.
La postura de la Alianza de Mujeres ocurre dos días después de que la juzgadora demandara al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por múltiples violaciones a las medidas cautelares decretadas a su favor.
En su denuncia, señaló ‘actos de hostigamiento y negligencia por parte del personal que labora a su mando’, así como ‘agresión verbal intento de agresión física, vigilancia y grabaciones sobre su persona, filtración de documentos reservados, abandono del cargo sin notificación y ausencias repetidas y prolongadas’.
Todo lo anterior -detalló- causa demoras en notificaciones judiciales y en el desarrollo de los procesos penales.
A pesar de sus argumentos, las autoridades del Estado no investigan, procesan oportunamente ni imponen sanciones severas a las personas señaladas.
Si bien durante toda su carrera Aifán ha estado bajo fuerte asedio, al punto de los abogados llamarla una ‘jueza carcelera’ o ‘dura’, la situación actual resulta insostenible, explicó en su petición esta vez.
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