Pese a ese enrevesado panorama la isla aborda transformaciones para alcanzar un desarrollo dinámico y sostenible, que se caracterice por la equidad en la distribución de las riquezas, todo ello respaldado por legislaciones que amparen legalmente las alternativas que podrán adoptar los diferentes actores económicos de la sociedad.
Recientemente el Consejo de Estado aprobó seis decretos-leyes, un decreto y otras resoluciones para regular el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia, que según el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) cuenta con un potencial de negocios existentes superior a las 600 mil licencias otorgadas al sector privado.
Pero a ellos pudieran sumársele una buena cantidad a partir de las nuevas opciones de reconversión a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y a cooperativas no agropecuarias.
Ante los previsibles intereses para adoptar estas nuevas formas de gestión no estatal y en aras de realizar estos procesos en los tiempos establecidos el MEP diseñó una interesante estrategia.
El proceso de autorización se realizará gradualmente mediante convocatorias periódicas del ministerio direccionadas hacia aquellas actividades que se correspondan con las necesidades inmediatas del país.
Exportadores de bienes y servicios, producción de alimentos, proyectos de desarrollo local, negocios de base tecnológica, negocios incubados en parques científico- tecnológicos y economía circular del reciclaje, serán las primeras categorías que iniciarán este proceso.
Sobre la selección de esas actividades, cabe recordar que la exportación de bienes y servicios genera divisa fresca que es reinvertida en el país.
Desde su aprobación en 2020 hasta el momento más de 170 formas de gestión no estatal concretaron acciones de compra-venta internacional a través de las 42 instituciones de comercio exterior autorizadas para realizar esta actividad.
En el caso de los alimentos se refiere -en una primera fase-, fundamentalmente, a la producción manufacturera, lo cual implica la transformación de materias primas e insumos en productos alimenticios para su distribución y consumo.
Por ello, la prestación de servicios gastronómicos se concibe para fases posteriores, puntualiza el MEP.
Esa categoría es prioridad para el país debido al déficit de oferta de productos alimentarios y porque la dependencia externa de Cuba respecto a la importación de alimentos es grande: en los últimos años por este concepto se erogaron alrededor de mil 800 millones de dólares.
Otro de los intereses son los proyectos de desarrollo local –existen más de 400- definidos como el conjunto de recursos, esfuerzos y acciones con identidad propia para transformar una realidad con un impacto en la calidad de vida de la población.
Sobre los parques científicos tecnológicos el MEP conceptualiza que son aquellos que constituyen organizaciones gestionadas por profesionales especializados con el objetivo fundamental de incubar proyectos desde la ciencia y la innovación.
En ellas se contempla un marco regulatorio con beneficios e incentivos favorables para el desarrollo de sus proyectos.
Por último, la economía circular utiliza un modelo de producción y consumo sostenible que implica compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear valor añadido.
De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende y los residuos se reducen al mínimo.
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