El encuentro tendrá lugar el próximo martes 14 de septiembre, y bajo el título ‘La lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales: por un diálogo mundial reforzado’ reunirá a las partes vinculadas, con el objetivo de debatir sobre mecanismos de colaboración a nivel mundial que frenen el contrabando de estos objetos y acciones concretas que deben emprenderse.
Entre otros temas, esta conferencia internacional abordará ‘cuestiones relacionadas con el tráfico ilícito: responsabilidad ética de los actores, prueba de la procedencia, lucha contra el blanqueo de dinero y venta ilícita en línea de bienes culturales’, señaló el comunicado.
La iniciativa se enmarca dentro del trabajo que está realizando la Unesco para ‘aplicar la Convención de 1970 sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales’, y responsabilizar a todos los actores implicados.
Según explicó el organismo multilateral ‘en los últimos años el tráfico ilícito de bienes culturales ha alcanzado proporciones considerables, sobre todo en zonas afectadas por conflictos armados o catástrofes naturales’, y se ha visto agravado durante la crisis sanitaria con ‘la restricción de los mecanismos de vigilancia y protección, así como de los recursos’. En este tiempo empeoró la situación pues se dieron ‘ataques a museos cerrados, yacimientos arqueológicos han sido saqueados a gran escala y se ha producido un notable aumento de las ventas ilícitas por Internet’, dijo la nota.
Entre los participantes en el encuentro figuran la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, y la representante de la Comisión de la Unión Africana, Angela Martins.
Entre los expertos que contribuirán en las sesiones de trabajo destacan el viceministro de Cultura y director general de la Dirección de Museos de Irak, Laith Majid Hussein, el jefe de la Unidad de Tráfico de Antigüedades de Nueva York (EE.UU.), Matthew Bogdanos, y el consejero jurídico de la Cancillería de México, Alejandro Celorio Alcántara.
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