Según el Ministerio de Salud, aunque vacunarse contra la Covid-19 es una opción personal en el país, quienes elijan lo contrario podrían quedar fuera de eventos importantes como festivales o competencias deportivas.
Incluso, acorde con esa entidad gubernamental, a las personas no inmunizadas les podrían vedar los viajes internacionales.
La advertencia del Ministerio se produce luego que el pasado domingo el presidente Cyril Ramaphosa anunciara que el Gobierno evalúa introducir un sistema de pasaporte de vacunas, que podría usarse como evidencia de inmunización.
El mandatario afirmó que en días venideros proporcionarán más información sobre los pasaportes, los cuales pueden utilizarse como prueba de la vacunación para diversos fines y eventos, de modo que a medida que la gente va de un lado para otro, pueda demostrar que está inmunizado contra la enfermedad.
Actualmente en Sudáfrica unas tarjetas manuscritas y los SMS enviados por las autoridades sanitarias constituyen la confirmación de haber recibido la vacuna antiCovid-19, ya sea de Pfizer o Johnson & Johnson.
Al respecto, el profesor Lesley Bamford, especialista de la cartera de Salud, explicó que si bien el certificado actual es suficiente para uso doméstico, podría no ser suficiente para viajes internacionales.
Todavía hay muchas decisiones que deben tomarse. Estamos involucrados en un proceso junto con el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación, hablando con diferentes países sobre sí lo aceptarán al ingresar a sus territorios, agregó.
La víspera el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (Cosatu) expresó su descontento con la idea de los pasaportes de vacunas y argumentó que la presión que generaría pudiera provocar una reacción negativa y crear un debate nocivo.
De otro lado, las universidades de todo el país evalúan exigir de manera obligatoria estar vacunados al personal docente, administrativo y los estudiantes, para garantizar que el programa académico no se interrumpa.
Analistas sociales locales consideran que de implementarse esa medida, pondría a Cosatu en una difícil posición en contra de las decisiones de los centros de educación superior.
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