Autoproclamado paladín de los derechos humanos, el tema estalló a sus pies con el sonado escándalo de violaciones en el sistema penitenciario del país que gobierna.
El caso de un joven recluso de 28 años secuestrado por otros en una cárcel y sometido a extorsión, torturas, tratos degradantes y privaciones de alimentos, durante 60 días sin que ninguna autoridad penal lo advirtiera dice mucho de cuánto pasa detrás de las rejas.
Las prisiones son pulsos para reconocer el grado de atención que proporcionan los Estados a la salud moral de la sociedad y, según un extendido, en el país suramericano lamentablemente funcionan como ‘facultades para la delincuencia y el crimen’.
Quienes se oponen a 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), impuesta por ceñida mayoría parlamentaria gubernamental sin debate ciudadano previo, aseguran que su aplicación contribuyó a empeorar la situación carcelaria.
Al aumentar la LUC las penas de prisión, sin otras alternativas, inclusive en delitos primarios de poca monta, y una mayor dureza para infractores menores de edad, acrecentó la población penal hasta el hacinamiento, fermentador de violencia y pérdida de dignidad humana. Las consecuencias de los acápites referidos a la seguridad pública, en su primer año de vigencia, despertaron múltiples reacciones críticas en la Institución de Derechos Humanos, sobre todo por otorgar a la policía más atribuciones respecto a ciudadanos, que sobrepasan límites.
Por ejemplo, el gremio de abogados de oficios denunció intimidaciones a sus defendidos y la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual que en las comisarías regresó la práctica de hace 25 años de disuadir a mujeres víctimas a que no presenten denuncias.
Ante la inminencia de un referendo revocatorio de 135 artículos de la LUC, gracias a cerca de 800 mil firmas recolectadas, se avecina el debate que la coalición gobernante eludió antes, en torno a contenidos que tocan a la larga y la corta a derechos humanos conculcados.
Entre otros destaca la renta de viviendas sin garantía que permita a propietarios desalojos expeditos con un mes por delante, y echar familias a la calle, según subrayaron críticos integrantes de la Comisión Pro referendo que reúne a decenas de organizaciones sociales.
Ya que el mandatario asistió al foro regional para propagar su preocupación por los derechos humanos, sin embargo a diferencia de la inmensa mayoría de los concurrentes, guardó sepulcral silencio respecto a seis décadas de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que la priva de recursos, alimentos y medicinas, una de las más abominables violaciones.
Tampoco dedicó una línea en su discurso al bloqueo a legítimos fondos bancarios en el exterior, pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela a sabiendas de las dificultades económicas por las que atraviesa en medio de la pandemia.
Bien se sabe de antaño que quien calla otorga, y en lugar de la solidaridad, elige la complicidad con violaciones de derechos humanos, que en cuanto Cuba todos los años rechaza la Asamblea General de Naciones.
Todavía los presidentes de Cuba, Miguel Díaz Canels, y de Venezuela, Nicolás Maduro, aguardan una respuesta de Lacalle Pou a la invitación a un debate público o privado en torno a la democracia y los derechos humanos, a que ponga el día, la hora y el lugar preferido.
Lejos de ello siguió para la ONU a recurrir al estilo discursivo al gusto, elusivo, fatuo y altanero, cerrado a esa disposición al diálogo por muy demócrata que se ufane de ser.
Pésima elección es lanzar piedras a tejado de vidrio.
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