A pesar de no ser un tema nuevo, parece tomar vida en medio de tantos problemas que enfrenta esta sociedad, de los cuales no están exentos los legisladores.
Según medios de prensa, por concepto de ventas de vehículos a senadores y diputados, en los últimos 11 años el Estado dejó de recibir dos mil 649,88 millones de pesos (47 millones de dólares) en tributos que fueron a parar a sus bolsillos.
Recientemente, Diario Libre señaló cómo desde el 1 de enero de 2010 hasta el 12 de septiembre de 2021, bajo la mencionada exoneración, fueron traídos a la República Dominicana mil 148 vehículos, y mezclados en esa lista algunos encontraron una oportunidad de negocio con la venta de ese beneficio.
Es conocido, refirió el medio, que el precio de la cesión anda por los 20 mil dólares, cifra nada despreciable y ‘limpia de polvo y paja’.
Aunque las camionetas y automóviles confortables tienen una preferencia mayor, la lista incluye 45 Ferrari, 11 Rolls-Royce, 40 Lamborghini, 21 McLaren, 183 Porsche y otros vehículos costosos, cuyo diseño y estilo no son usuales para viajar desde las provincias a las sesiones del Congreso Nacional o para trabajos propios de un legislador.
No pocos dominicanos cuestionan la dádiva recibida por los 190 diputados y 32 senadores del país, más los 20 al Parlamento Centroamericano, pues no es la única, a eso deben sumarse los gastos de representación, viáticos, dieta y otros beneficios extrasalariales.
Todo lo anterior, sin contar los programas por los cuales reciben recursos para usarlos en asistencia social, conocidos como el barrilito y cofrecito, algo con lo cual en su momento, el presidente Luis Abinader, dijo no estar de acuerdo y abogó por eliminarlos.
Actualmente en Dominicana solo pueden importarse vehículos de cinco años o menos de fabricación y camiones comerciales que no superen los 15, y para liberarlos debe pagarse un impuesto aduanal del 20 por ciento del valor del vehículo más el 18 del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios.
Tras los recientes cuestionamientos a las exoneraciones, congresistas de distintos partidos, se mostraron a favor de revisar la disposición con el fin de regular de mejor forma estas autorizaciones.
El vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara, Gustavo Sánchez, reveló que reintroduciría un proyecto de ley el cual busca sustituir las exoneraciones por un bono vehicular para los parlamentarios cada dos años.
Por su parte, el diputado del partido Alianza País, José Horacio Rodríguez, entiende que el Congreso Nacional debe buscar alternativas para apoyar la movilidad de los legisladores quienes deben transportarse varias veces a la semana hasta la sede del Poder Legislativo para cumplir con sus responsabilidades.
Asimismo, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, opinó debe revisarse el mencionado beneficio porque ‘soy de los que creen en un momento dado, eso pueda modificarse’.
Sin embargo, la coordinadora general del movimiento cívico Participación Ciudadana, Leidy Blanco, fue cruda al expresar: ‘un legislador no tiene que tener un privilegio que no sea el salario dado por la función, pues muchos llegaron ahí no con la intención de servir, sino para servirse, y lucran de esos mismos privilegios’.
Blanco entiende que lacera la confianza del ciudadano ver a un legislador utilizar ‘de manera corrupta esa gracia para favorecer a particulares’.
‘Es un dinero que dejó de percibir el pueblo, los hospitales y las escuelas. La sociedad dominicana debe entender en su justa dimensión esos beneficios y exigir y ejercer mayor control social’, agregó.
Finalmente, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, consideró ‘inconsecuente’ que existan legisladores que usaron las bonificaciones como un mecanismo ‘reprobable’ el cual benefició a sectores ajenos al Congreso.
Y llamó a la reflexión para iniciar el camino a la reforma de algunos mecanismos institucionales y controles que garantizan las distorsiones y ‘desnaturalizan’ la esencia de la función legislativa.
Pero algunos congresistas arremetieron contra los empresarios del país y los acusaron de ser estos los promotores de esa ‘campaña sucia’ en su contra y llamaron a revisar subsidios y otras facilidades los cuales no son mencionadas dentro de los privilegios que afectan al Estado.
Salió a la luz pública un problema muy criticado por la población, el pueblo exige que quienes eligieron sean gente probos, sencillos, austeros y sobre toda las cosas, trabajen a favor de los más necesitados y no en provecho personal.
Veamos hasta donde llega este escarceo pues lo mismo sucedió con los programas de ayuda y aún están vivos y coleando.
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