Con la publicación ayer del texto en el Diario Oficial de la República comenzó este viernes la aplicación de la iniciativa, una de las promesas más importantes del presidente Emmanuel Macron para sus cinco años de gestión (2017-2022).
Para el gobierno, la visión es de garantizar que los franceses se ganen la vida trabajando y no a base de subsidios, criterio cuestionado por gremios, que acusan al ejecutivo de ahorrar recursos financieros y enfrentar la crisis sobre la espalda de los desempleados.
Estimados de expertos cifran en más de un millón las personas sin trabajo que pudieran sufrir en 2022 las consecuencias de la reforma.
Los sindicatos más influyentes del país anunciaron que continuarán la batalla contra la medida, y en ese sentido el secretario general de Fuerza Obrera, Yves Veyrier, adelantó la presentación de un nuevo recurso la próxima semana ante el Consejo de Estado, con el fin de frenar la reforma.
La Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) y la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos organizaciones más poderosas, también mostraron su descontento y la decisión de enfrentarla.
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