El intendente del Consejo de la Administración de esa capital provincial, Eduardo Andrés Roman, firmó la respuesta a la solicitud de realizar una manifestación contrarrevolucionaria convocada inicialmente para el 20 de noviembre.
No se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha. Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el Gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba, escribió el alcalde villaclareño.
Suscribe que el artículo 56 de la Constitución dispone entre los requisitos para el ejercicio del derecho a la manifestación la licitud y el ‘respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley’.
‘Ello reafirma que la marcha anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen para Cuba, ensayada en otros países’, señala el texto.
Añade que apenas se anunció, la marcha recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar.
El artículo 45 de la carta magna cubana refiere que el ‘ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes’, dice el documento del Gobierno municipal de Santa Clara.
Acota que la propia Constitución, en su artículo 4 define que el sistema socialista es irrevocable, ‘por lo cual toda acción ejercita en su contra es ilícita’.
El alcalde Eduardo Andrés Román subraya que la carta magna vigente fue debatida ampliamente y aprobada en referendo por el 86.85 por ciento de los votantes.
Resulta abrumadora suscribió, la mayoría que escogió de manera soberana y libre el sistema socialista, su irrevocabilidad y el derecho de combatir por todos los medios contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido.
Y concluye: es evidente que, si bien se invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constituciòn, lo que determina el carácter ilícito de la marcha.
Son los mismos términos de la respuesta del Gobierno municipal de Habana Vieja, en la capital, a similar pretensión.
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