El pasado jueves fueron condenados seis acusados, entre ellos el empresario Ángel Rondón a ocho años de privación de libertad y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz, a cinco, por recibir sobornos de la empresa brasileña para adjudicarse obras del Estado, además de otros delitos.
Y fueron declarados inocentes los exsenadores Tommy Galán y Andrés Bautista, el abogado Conrado Pittaluga y Juan Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto de Aguas Potable y Alcantarillados.
A partir de ese momento las inconformidades alborotaron el panal, pues unos consideran que el tribunal se quedó corto con las sanciones y otros, que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron contundentes como para emitir condenas.
También flota en el aire una pregunta realizada ante los medios de prensa por el sancionado Rondón: ¿Cómo puede haber un sancionado por sobornos sin sobornados?.
Sobre la base de todas esas dudas y cuestionamientos, las apelaciones solo esperan porque sea conocida el próximo 25 de noviembre la decisión íntegra del tribunal para comenzar la batalla en esas instancias.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, adelantó recientemente que recurrirán el fallo en relación con las personas descargadas.
‘Los corruptos no deben tener nadie que los ayude ni ningún lugar donde esconderse’, dijo el procurador adjunto y añadió: ‘en la lectura del veredicto emitido por el tribunal, apreciamos algunas contradicciones, las cuales serán la base para atacar el veredicto’.
No obstante, la Fiscalía no será la única que echará el pleito, Rondón y Díaz también están decididos a apelar la sentencia cuando les notifiquen y desde ya anuncian que van con todo por considerar injustas sus condenas.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, señaló a los medios que ‘una acusación debe sustentarse sobre pruebas concretas, no por teorías’, al referirse al fallo del tribunal.
‘Esa es una acusación que además de débil, es incompleta. Estamos viviendo, entonces, las consecuencias de una mala investigación, de un expediente inconsistente. Entonces, en esta ocasión lo importante es que el Ministerio Público aprenda la lección. No puede volver a repetir en el futuro, una situación como esta’.
Asimismo, la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, consideró que el país sintió al escuchar el veredicto, ‘como el manto de la impunidad nos vuelve a arropar’.
‘Si bien es cierto que este tribunal aplicó una sentencia en buen derecho, eso no se traduce en las ansias de justicia esperadas por el pueblo dominicano’, agregó.
Con respecto a la reclamación, esta debe ocurrir en Primera Instancia ante la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional y después pudiera elevarse a la Suprema Corte de Justicia, por ello finalizó el juicio, pero este nuevo proceso puede demorar.
Mientras, los privados de libertad y declarados inocentes estarán en sus casas, pues el Tribunal mantuvo la medida de coerción consistente en libertad condicional dentro del país, por considerar que no existe peligro de fuga entre los sancionados.
Finalmente, vemos como en los últimos días volvió a la palestra el consenso social en que debe de haber un Odebrecht 2,0, pues hasta ahora para la sociedad ‘no son todos los que están, ni están todos los que son’. Por tanto, es de prever que aunque concluyó el juicio, por un buen tiempo continuarán los comentarios sobre los 92 millones de dólares entregados en sobornos por la empresa sudamericana.
Es decir, las acusaciones de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas y la complicidad pudieran resurgir como el ave fénix, teniendo otros sujetos como protagonistas.
Lo importante ahora es esperar el proceso de apelaciones y ver si en esas instancias, las inconformidades que pululan pueden disiparse o al menos disminuir.
npg/ema
