Esta madrugada el pleno de la Cámara Baja acordó, por 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones procesar al mandatario tras las revelaciones sobre irregularidades en la venta del proyecto minero Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.
“Es un momento histórico el que estamos viviendo y eso solo es posible gracias a la unidad de toda la oposición”, declaró el subjefe de bancada del Partido Socialista (PS).
Naranjo, encargado de presentar la acusación, debió prolongar su intervención en el plenario durante 14 horas para que pudieran participar en la votación los diputados que terminaban el lunes la cuarentena por la Covid-19.
“Tenemos a un presidente que ha actuado al margen de la probidad administrativa requerida en el cargo y que, además, ha actuado gravemente en dañar la imagen de la nación”, dijo Naranjo.
De acuerdo con los documentos filtrados por una investigación periodística internacional en 2010, nueve meses después de que Piñera asumiera su primer gobierno, su familia vendió el proyecto para construir dos minas y un puerto por 152 millones de dólares.
El pago debía efectuarse en tres cuotas, la última de las cuales estaba condicionada a que no se declarara la zona como de protección ambiental, una decisión que dependía del mandatario.
“Actuando como presidente se benefició él y su familia de modo directo, con información que tenía en el ejercicio del cargo”, afirmó el diputado del PS.
El parlamentario Daniel Núñez, del Partido Comunista, consideró que Piñera está moralmente inhabilitado para liderar el país.
“Un presidente que evade impuestos y arrasa la naturaleza no puede quedar impune”, escribió en su cuenta de Twitter el candidato al Palacio de La Moneda por la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.
La acusación deberá pasar ahora al Senado, donde se necesitarán 29 votos de los 43 escaños para poder suspenderlo del cargo.
No es la primera vez que se intenta procesar a Piñera. En noviembre de 2019, un mes después del inicio del estallido social, la oposición presentó una acusación por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas, pero la iniciativa no prosperó.
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