La televisión nacional publicó evidencias de los montos recibidos por Yunior García, líder de la plataforma Archipiélago y Manuel Cuesta, ambos artífices de la convocatoria, bajo el concepto de remesas enviadas por Laura Tedesco, profesora de los diversos cursos de formación de actores políticos en que participaron.
También revelaron las transferencias de saldos móviles obtenidos luego de las protestas en varias ciudades del país el pasado 11 de julio, cuando operó contra la nación antillana una campaña mediática y comunicacional desde las plataformas digitales y redes sociales.
La denuncia pública mencionó los recursos legales existentes en la isla para afrontar los escenarios de guerra no convencional a que está sometida.
Entre ellos resalta el artículo 45 de la Constitución de la República, el cual reconoce el ejercicio de los derechos de las personas, limitados solo por el de los demás, la seguridad colectiva y el bienestar general.
Apuntó, de igual forma, al contrato de la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa) que enfatiza en la información privada del cliente, pero refuerza la responsabilidad estatal de revelar la manipulación y enfrentar las actividades consideradas delictivas por la ley de leyes.
Recientemente, Cuba denunció la relación de los organizadores de la supuesta marcha pacífica con connotados terroristas y expertos que, entre otros temas, estudian la transformación del sistema de un país y el papel de las fuerzas armadas en ese proceso, con especial interés en civiles que puedan influenciar a militares.
El jefe de la cancillería cubana, Bruno Rodríguez, condenó también que está en desarrollo una manipulación del algoritmo de las redes sociales para promover una supuesta visión de enfrentamiento al Gobierno de la isla.
Ello forma parte de una estrategia instigada desde Estados Unidos para destruir a la Revolución a partir de acciones del llamado golpe suave, aseveró.
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