Un comité bipartidista del Congreso, encargado de investigar el ataque ocurrido contra el Capitolio el pasado 6 de enero,quiere obtener documentos relevantes que inculparían al exmandatario por promover la violencia de ese día, la cual muchos relacionan con un intento de golpe de Estado.
El 10 de noviembre una jueza federal rechazó la solicitud de Trump de bloquear la entrega de registros a los miembros del legislativo, por lo que dos días después los Archivos Nacionales debían enviar la información solicitada al grupo investigador.
Sin embargo, el equipo legal del expresidente presentó una reclamación y la Corte Federal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia decidió frenarla entrega al menos hasta el 30 de noviembre, cuando ese tribunal escuchará los argumentos del caso.
El analista Harper Neidig, en un artículo en el diario The Hill, opinó que los abogados del magnate pretenden persuadir a los jueces y, potencialmente, a la Corte Suprema norteamericana, de un concepto novedoso: que el privilegio ejecutivo del cual gozó el exmandatario cubre la información a la que el comité está tratando de acceder, incluso tras el fin de su gobierno.
De ese modo, intentan evitar que Joe Biden le facilite los registros de la Casa Blanca al Congreso y convencer a los magistrados de que el referido panel persigue el objetivo de acosar y dañar políticamente a su representado, quien piensa postularse a la presidencia para 2024.
Sin embargo, Neidig sostuvo que tal protección no es un derecho absoluto a retener datos internos, sino uno calificado que puede ser anulado por una necesidad lo suficientemente imperiosa.
El Tribunal Supremo dictaminó en 1977 que «las reivindicaciones del privilegio presidencial deben ceder claramente ante los importantes propósitos del Congreso de preservar los materiales y mantener el acceso a ellos para fines gubernamentales e históricos legales».
Erica Newland, abogada de la organización sin ánimo de lucro Protect Democracy, expuso que es difícil imaginar un trabajo más crítico para el Capitolio que averiguar dónde están las vulnerabilidades en la transferencia pacífica del poder.
Según la letrada, le resulta difícil ver cómo Trump puede ganar el caso, incluso si llega ante una Corte Suprema conservadora.
Es evidente que el exjefe de Estado busca dilatar el proceso y obstaculizar la investigación hasta llegar al ciclo electoral de mitad de período en 2022, cuando los republicanos pudieran logar la mayoría en el Congreso.
Pueda o no, esa parece la estrategia de Trump encaminada a reafirmar la impunidad con la que actuó durante su administración (2017-2021).
mem/lb
(Tomado de Orbe)
